Desde la empresa explicaron que “este es un proceso de reestructuración de la deuda de Rizobacter para mejorar el perfil de vencimiento de la compañía y mejorar la perspectiva a mediano y largo plazo”, en un contexto que consideran “desafiante para el negocio de venta de insumos agrícolas”.

Fuentes del mercado que siguen la operación señalaron que las conversaciones “están bastante avanzadas con el grueso de los tenedores, con buena aceptación”, y que la propuesta viene siendo evaluada por los principales inversores. La obligación que vencía fue emitida en febrero de 2023 por US$5.071.823 y actualmente tiene un saldo pendiente de US$3.803.867,25.

En la propia presentación, la empresa detalló que el nuevo vencimiento “se producirá a los 42 meses desde la fecha de liquidación”. Se estableció que los intereses pasarán a pagarse “a una tasa nominal anual del 9%” en reemplazo de la tasa original del 3,98 % anual. El objetivo es aliviar la presión financiera inmediata y ordenar el calendario de vencimientos en un negocio donde las ventas son estacionales y dependen de las campañas agrícolas.

En la misma presentación, la empresa detalló que también deberá avanzar con la refinanciación de las Obligaciones Negociables Serie IX y Serie X, emitidas en 2024, que en conjunto representan montos significativos. El propio documento aclaró que la compañía se compromete a lanzar solicitudes similares para esas emisiones y que, si no logra el consentimiento requerido, la Serie VIII Clase B “vencerán anticipadamente el 20 de junio de 2026”, lo que implicaría la exigibilidad inmediata del capital pendiente.

El proceso se formalizó luego de que la calificadora Fix SCR rebajara la nota crediticia de la compañía y de esta obligación negociable a B-(arg), con Rating Watch Negativo, desde BBB-(arg).

La nueva categoría implica, según la propia definición del reporte, un perfil crediticio “significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país”. Además, alertó que, dada su situación financiera y la existencia de deudas vencidas en proceso de negociación, podría verse obligada a solicitar concurso preventivo, avanzar con un acuerdo preventivo extrajudicial o enfrentar reclamos judiciales de acreedores, como pedidos de quiebra, embargos u otras medidas cautelares, si no logra encauzar la reestructuración.

La Nación