En términos concretos, el economista estimó que el impacto combinado entre mayores costos directos y pérdidas de eficiencia logística implicaría un perjuicio de unos 4 dólares por tonelada para el productor. “Estamos hablando de 4 dólares por tonelada multiplicado por 100 millones de toneladas. Son 400 millones de dólares por año que el productor va a dejar en el camino”, detalló.
Ese monto, remarcó, “va directo al Excel del productor”, en referencia al impacto sobre los márgenes. “Una parte va a quedar en manos del concesionario y otra parte se pierde por no aprovechar la profundidad que se podría alcanzar”, agregó.
Pero más allá del diagnóstico económico, Bustamante puso el acento en la falta de reacción del propio sector agropecuario. “No está reclamando. Gran parte del sector lo ve como algo ajeno, como si fuera un tema de los exportadores. Y es una grave equivocación. Esto no lo van a pagar los exportadores, se lo van a trasladar totalmente al productor”, sostuvo.
Incluso fue más allá al explicar por qué, a su juicio, tampoco hay resistencia desde el lado de las grandes compañías exportadoras. “Los exportadores no están reclamando, más bien están aplaudiendo. No se van a pelear con el gobierno por este tema porque saben que cualquier sobrecosto se lo pueden trasladar a los productores”, indicó. Y agregó: “Tienen otros temas en la agenda que les importan más, como la ley de biocombustibles o las concesiones ferroviarias”.
En ese contexto, consideró que la defensa de los intereses de los productores debería recaer en las entidades gremiales, algo que —según su visión— no está ocurriendo. “Deberían tomar el tema. Me da la impresión de que de los cuatro gremiales principales posiblemente la Rural sea la que esté más empapada. De las otras no tengo constancia de que estén interesadas”, señaló.
El plazo de concesión también aparece como otro punto crítico. “No hay ninguna razón para que sea por 30 años. Debería ser de 10 a 15 años como máximo. El 85% del costo es mantenimiento anual, no inversión. No tiene sentido quedar atado tanto tiempo”, explicó.
Bustamante también cuestionó el diseño del proceso licitatorio, al que calificó sin rodeos: “Es una licitación trucha, retrucha”. Según describió, el esquema limita la competencia real entre oferentes. “El pliego dice que se pueden presentar precios dentro de un rango mínimo, casi sin variación. En la práctica, todos tienen que presentar la misma tarifa. El precio está predeterminado”, afirmó.
A eso se suma, según explicó, un sistema de evaluación técnica que favorece a un actor específico. “La única empresa que puede tener la máxima puntuación es la que haya dragado la hidrovía en los últimos 10 años. Tenés un precio predeterminado y un ganador predeterminado. No hay competencia”, sostuvo.
Como consecuencia, señaló que el proceso perdió atractivo para otros jugadores internacionales. “Deberíamos tener seis, siete u ocho ofertas. Y lo único que logramos son dos”, apuntó.
Sobre el final, volvió a insistir en lo que considera el eje del problema: la falta de reacción del sector frente a un impacto económico significativo. “Cuatro dólares por tonelada no son para despreciar por 30 años. Si quisieran hacer las cosas bien, eso podría ser una mejora en la competitividad del productor y no un costo adicional”, afirmó.
Y cerró con una reflexión sobre el clima general que rodea la discusión: “Todo esto es tan evidente que sorprende el silencio. El sector está concentrado en su diaria y no tiene tiempo para meterse en estos temas. Pero debería haber una dirigencia que sí lo haga. La única manera de interpretar este silencio es que priorizan no generar conflicto con el gobierno por otros temas”.
Bichos de Campo