En segundo lugar, aparecen los acreedores financieros, con importante presencia de fondos internacionales. Entre ellos se destacan el fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., con un crédito reconocido por US$51,8 millones, y IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., con US$34,4 millones, ambos entre los principales tenedores de deuda en moneda extranjera dentro del proceso. En ambos casos, el tribunal resolvió reconocer los créditos, aunque sin validar ciertas garantías que los acreedores pretendían ejecutar, ya sea por la forma en que se presentaron a verificar o por problemas en la registración de las cesiones.

También figura el fideicomiso estatal FONDEP, con un crédito superior a $2.279 millones, respaldado por una prenda sobre la marca SanCor, lo que le otorga un lugar relevante entre los acreedores con privilegio. A este grupo se suman entidades vinculadas a operaciones financieras con garantías sobre activos de la empresa —como plantas industriales, marcas y warrants—, que incluyen bancos, fideicomisos y aseguradoras, algunos de los cuales lograron reconocimiento con privilegio especial y otros quedaron como acreedores comunes.

En el arco impositivo, además de ARCA, aparecen organismos fiscales de provincias y municipios de todo el país, que verificaron deudas por impuestos, tasas y contribuciones.

A esto se suman proveedores comerciales —empresas vinculadas al abastecimiento de insumos, logística y servicios—, así como actores ligados al funcionamiento histórico de la cooperativa. En ese universo aparecen organizaciones como Atilra, Ospil y Ampil, mencionadas en el reconocimiento de honorarios y servicios profesionales vinculados a la actividad de la empresa en los últimos años.

En el caso de los empleados, el documento muestra una situación particular. De los 1.063 acreedores laborales que se presentaron, la gran mayoría —1.044— ya había cobrado a través del mecanismo de pronto pago, por lo que sus reclamos fueron considerados inadmisibles en esta instancia para evitar duplicaciones.

Solo un grupo reducido logró el reconocimiento directo de sus créditos en esta etapa, con montos que van desde poco más de un millón hasta más de $192 millones en el caso más elevado.

El fallo también fijó otros criterios como la reducción de intereses cuando se consideraron excesivos. “Cuando las tasas legales resultaban excesivas, el juez las redujo a la tasa activa del Banco Nación”, señala el documento.

Además, se rechazaron algunos reclamos, ya sea por falta de documentación o porque correspondían a acuerdos previos ya cumplidos. Incluso 59 acreedores fueron declarados inadmisibles por no haber presentado el escrito de verificación, lo que implica que no podrán cobrar dentro del concurso.

El cuadro consolidado del pasivo verificatorio refleja: solo en créditos con privilegio general —donde se concentran principalmente los impuestos— se reconocen unos $29.581 millones, a los que se suman $5.060 millones en privilegios especiales y $6.606 millones en créditos comunes, además de los compromisos en dólares.

Más allá de la foto de la deuda, el propio fallo deja al descubierto que la situación sigue deteriorándose.

En ese contexto, la Justicia decidió prorrogar la coadministración de la empresa y avanzar con medidas para sostener su operatoria. Entre ellas, la apertura de una cuenta bancaria protegida de embargos para evitar que acciones individuales de acreedores terminen paralizando la actividad.

Las sentencias de verificación no cierran el proceso. La propia Justicia aclara que se trata de “un paso central pero no el último”. A partir de ahora, la sindicatura deberá elaborar el Informe General previsto en el artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras, en un plazo de 30 días desde la última resolución, que analizará la situación patrimonial global de SanCor. “Luego vendrá la etapa de negociación con los acreedores para lograr un acuerdo preventivo”, detalla.

El propio fallo advierte que “el horizonte es complejo”.

La Nación – Pilar Vazquez