Según datos oficiales, la actualización técnica rondaba el 14,2%. Pese a que la tarifa de la Catac fue avalada por otras dos cámaras, el número no logró apagar todos los focos de las protestas. “Las tarifas que se acuerdan —a veces se acuerdan, a veces no— son orientativas. Después cada zona puede ubicarse por arriba o por abajo”, remarcó Rivara, quien insistió en que ahora se trata de “acuerdo de empresarios con empresarios”.
El problema es que el acuerdo no fue unánime y dejó afuera a sectores que sostienen las protestas. Daniel Asseff, asesor de la Federación de Acopiadores, confirmó que los focos más conflictivos siguen en el sur bonaerense: “Todavía sigue muy trabado Bahía Blanca y Necochea”. Rechazó versiones sobre un posible cierre en valores más altos: “Dicen que se levanta con el 17%, pero de ninguna manera es así. Nuestra tarifa de referencia es el 14% y nada más”.
Para él, cualquier mejora adicional quedará sujeta a negociaciones privadas entre empresas. “Si alguien quiere pagar uno o dos puntos más, será un arreglo entre partes”, señaló.
Desde la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra), Valeria Pardo sostuvo que existen “acuerdos parciales” y que muchos de sus asociados trabajan con la tarifa nacional definida por la entidad, sin mayores conflictos en esas zonas. Sin embargo, reconoció que en provincias como Buenos Aires y Córdoba la falta de consenso derivó en negociaciones fragmentadas: “Se están haciendo arreglos locales. No hay un acuerdo consensuado a nivel nacional”. Esa atomización se replica en el territorio.
Hay localidades donde se cerraron acuerdos —como Villegas, Rufino o Huinca Renancó— y otras donde la protesta continúa. En Córdoba, por ejemplo, no hubo acuerdo a nivel provincial, por tanto, persisten focos activos en ciudades como Río Cuarto, Vicuña Mackenna e Inriville.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el entendimiento del 14% quedó condicionado por la disidencia de varias cámaras, lo que mantiene bloqueos en corredores clave. Según describió el transportista autoconvocado Walter Leguizamón, “desde América hasta Bahía Blanca está todo cortado”, con epicentros también en Trenque Lauquen.
Este viernes estaba prevista una reunión en Quequén para destrabar el conflicto en esa zona. “Habían quedado que hoy a las 10 se iba a firmar el acuerdo y el Centro de Acopiadores con las cooperativas se negaron, así que se volvió a romper la mesa”, señaló Walter Valentini.
Desde la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNTRA), su secretario general, Carlos Geneiro fue tajante: “El arreglo que se consiguió [a nivel provincial] no sirve. Se viene un nuevo aumento de combustible y vamos a salir con más fuerza”. En rigor, planteó que el conflicto sigue abierto.
Entre enero y abril, los incrementos en surtidor —tanto en el segmento mayorista como minorista— superaron el 30%, con ajustes escalonados vinculados a la actualización de impuestos y a la política de precios de las petroleras. El combustible representa el principal componente del costo operativo de los transportistas.
A través de una normativa publicada en el Boletín Oficial el año pasado, el Gobierno eliminó las mesas de trabajo del transporte de cargas a nivel nacional, ámbito en el que históricamente se consensuaban las tarifas de referencia entre el Estado y las cámaras del sector. Esa instancia, que funcionaba como espacio de negociación y actualización periódica frente a los cambios en los costos, según los transportistas, profundizó la falta de acuerdos y trasladó el conflicto directamente a la operatoria en las rutas y los puertos.
La Nación – Belkis Martínez