Según explicó, esa herramienta dejó de estar disponible luego de que se detectara el uso de fondos para fines distintos a obras, en referencia a un caso que tomó estado público años atrás. “Hace años, esta fue una herramienta virtuosa que en los primeros tiempos del Plan Maestro permitió el seguimiento de los fondos, hasta que un periodista vio que se habían utilizado recursos para un stand en Tecnópolis y entonces la página desapareció”, afirmó. En ese contexto agregó que desde el año pasado vienen advirtiendo sobre el volumen de recursos del fondo —que estiman en más de $200.000 millones— y que, por eso, insisten con el reclamo: “No podemos jugar a las adivinanzas en una cuestión tan seria”.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado en 2001 mediante un decreto nacional con el objetivo de financiar obras vinculadas al manejo del agua, en particular para prevenir inundaciones. Se nutre de impuestos aplicados sobre los combustibles —como la nafta y el gas natural comprimido— y, con el paso del tiempo, se convirtió en una herramienta central para financiar proyectos de infraestructura hídrica en distintas provincias. En 2006, una ley estableció que sus recursos debían tener una asignación específica a este tipo de obras.
Durante los primeros años de funcionamiento, los movimientos del fondo podían seguirse a través de un sitio oficial de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), donde se publicaban pagos, beneficiarios y conceptos. A partir de esos registros, una investigación publicada por LA NACION en septiembre de 2012 mostró que más de $16,2 millones del fondo habían sido asignados a actividades vinculadas a un stand en Tecnópolis, en lugar de obras hídricas.
Al día siguiente de la publicación, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, reconoció el uso de recursos del fondo para ese destino, aunque buscó relativizar su impacto. Según publicó este medio, el funcionario admitió que se habían utilizado fondos para Tecnópolis y sostuvo que se trataba de una porción menor dentro del total del fideicomiso. En ese contexto, afirmó que “no es significativa” en relación con el volumen global de recursos.
Sin embargo, según remarcó Larrañaga, tras la publicación de ese trabajo ese nivel de acceso a la información dejó de existir. La página oficial donde se publicaban los movimientos del fondo dejó de estar disponible, lo que hoy dificulta reconstruir con precisión el destino de los recursos.
El reclamo por mayor transparencia se da en un momento en que los datos presentados por el Gobierno ante el Congreso muestran avances muy bajos en tramos clave del Plan Maestro del Río Salado, una de las obras más importantes para el manejo del agua en la provincia de Buenos Aires, que abarca cerca de 17 millones de hectáreas en la región pampeana.
Uno de los puntos más sensibles es el Tramo IV, Etapa II, en Roque Pérez. La obra quedó frenada en febrero de 2025 y el Gobierno lo formalizó mediante actas administrativas, justificando la decisión en la emergencia económica del Decreto 70/2023. En octubre de ese año, tras una reunión con la Mesa de Enlace, anunció la reactivación. Sin embargo, los números presentados ante el Congreso seis meses después muestran avances incipientes: el Subtramo A está en ejecución con un 13,88% de avance físico, el C con un 31,69%, y el B con un 58,63%.
La Nación