La entidad recordó que la Argentina ya compitió con fuerza en el mercado internacional de biodiésel. “Entre 2016 y 2018, el país fue el primer exportador mundial, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones de toneladas exportadas e inversiones por más de USD 2.500 millones".

Sobre ese antecedente, la cámara afirmó que, durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino “por su nivel de competitividad y el desplazamiento que generaba en la producción local de diésel”. Según el video, esas medidas fueron paraarancelarias, de manera que el gobierno argentino las desafió y la justicia de ese país falló a su favor.

La Unión Europea también intentó imponer restricciones, pero la Argentina obtuvo un resultado favorable en la Organización Mundial del Comercio y accedió a una cuota compensatoria que aún se mantiene. La cámara agregó que ahora la UE busca desalentar el uso de soja como materia prima apta para biocombustibles mediante una norma ambiental que califica como artificial.

“Ese recorrido muestra que, cuando los mercados se cierran o el comercio se distorsiona, se vuelve más difícil sostener inversiones, escala productiva y desarrollo exportador. El debate de fondo no debería ser cómo trasladar costos de una industria a otra. Debería ser cómo construir una política de biocombustibles que incentive la inversión, eficiencia, integración productiva y competitividad", plantea la publicación de las empresas exportadoras de granos. Y finaliza: “En definitiva no falta aceite y abundan empresas proveedoras. Falta una ley que promueva la participación activa de toda la industria. Por eso apoyamos el proyecto de ley de la senadora Bullrich”.

Debate en el Congreso

La nueva ley de biocombustibles, entonces, será tratada este miércoles 3 de junio a las 14, en las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales y representantes de cámaras empresarias. Sobre la mesa habrá cinco proyectos, pero la iniciativa firmada por la senadora Patricia Bullrich y otros senadores libertarios llega con el mayor impulso político.

El proyecto, elaborado tras conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año. También habilita motores Flex Fuel, crea un sistema electrónico para la comercialización y otorga a la Secretaría de Energía la posibilidad de disponer aumentos adicionales.

La iniciativa busca desregular la actividad, fomentar la competencia y eliminar el límite productivo impuesto por la ley vigente. Según sus impulsores, este enfoque apunta a dar previsibilidad para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas y generar empleo en las economías regionales.

El tratamiento legislativo encontró una ventana de oportunidad con la suba del precio internacional del petróleo, que se ubicó en algunas rondas por encima de USD 100 el barril, en un contexto de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. En este escenario, a fines de marzo, la Secretaría de Energía amplió el margen para que las refinadoras incrementaran el corte, pero el sector reclama desde hace tiempo una nueva norma.

Infobae