Pero ese balance consolidado –según la denuncia- incorporaba los resultados de BIOX —una persona jurídica distinta, con sus propios acreedores— y no reflejaba que, en forma individual, Bioceres SA arrastraba pérdidas crecientes en sus últimos ejercicios.

La denuncia sostiene que ese deterioro venía de antes y era conocido por los administradores. Apunta a una reorganización societaria de 2021 en la que Bioceres habría transferido activos relevantes —incluidas participaciones en subsidiarias del universo BIOX— hacia otras sociedades del grupo, recibiendo a cambio créditos intercompany pactados a una tasa preferencial, en lo que los denunciantes describen como un mecanismo de transferencia de rentabilidad desde la sociedad local hacia el resto del entramado.

A ese cuadro se suma una fianza por aproximadamente 144 millones de dólares que Bioceres habría otorgado en garantía de obligaciones de otras firmas del grupo, un compromiso muy superior a su patrimonio neto que, según la denuncia, no fue expuesto ante los inversores al momento de la emisión de los pagarés.

El segundo tramo de la acusación describe qué pasó con el dinero una vez que ingresó a Bioceres. La denuncia cita actas de directorio en las que la sociedad habría ratificado que el destino de los fondos captados por los pagarés no fue la propia emisora, sino el capital de trabajo o la cancelación de deuda de otras firmas vinculadas: SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp.

Para los denunciantes, esa circulación posterior —con ramificaciones en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo— configura el lavado de activos: los fondos captados mediante una operación que consideran fraudulenta habrían sido puestos en circulación dentro del grupo bajo conceptos formalmente lícitos, alejándolos de su origen y dificultando su recupero por parte de los acreedores que financiaron a la emisora.

La presentación también cuestiona una operación contable del balance individual de Bioceres al 30 de junio de 2025 —firmado por Price Waterhouse con abstención de opinión—, que describe la cancelación de créditos intercompany por unos 54,4 millones de dólares a cambio de la recepción de acciones propias. Según la denuncia, hay indicios de que esa operación, fechada en diciembre de 2024, podría haber sido instrumentada después, lo que abre la hipótesis de que se buscó dar apariencia de regularidad a una maniobra que redujo aún más los activos disponibles para los acreedores.

Para los denunciantes, el desenlace de todo el proceso es la quiebra de Bioceres SA, que el Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación de Rosario, a cargo del juez Fernando Mécoli, decretó a comienzos de marzo, con un patrimonio neto negativo estimado en unos 110 millones de dólares. El magistrado consideró que estaban dadas las condiciones para abrir el proceso, en una causa que, según remarcó en su fallo, demandará un escrutinio exhaustivo de la compleja ingeniería societaria y financiera transnacional descripta por la propia fallida.

La denuncia sostiene que el autopedido de quiebra no fue un hecho aislado ni el simple desenlace de una mala gestión, sino la consolidación patrimonial de un proceso previo: Bioceres habría sido despojada de activos generadores de caja, utilizada para captar fondos de terceros en el mercado local y, finalmente, despojada también de esos mismos fondos.

El contraste que buscan instalar los denunciantes es el siguiente: mientras los acreedores locales —entre ellos AIR SRL— quedaron atrapados en un proceso falencial con activos insuficientes, la desconsolidación de Bioceres SA, Bioceres LLC y THEO I SCSp le habría generado a Moolec Science —la firma que pasó a controlar el grupo tras la salida de Trucco y Manuel Sobrado del directorio— una ganancia contable de aproximadamente 100,8 millones de dólares.

Desde la empresa Bioceres, que se encuentra en quiebra, rechazaron dar una respuesta ante esta denuncia, según advirtieron a LA NACION, debido a que la firma se encuentra sometida a un proceso judicial.

En tanto, Rosario 3 consignó que voceros de un grupo que apoya a Trucco indicaron sobre la denuncia: “La denuncia penal es la coronación de una serie de maniobras extorsivas que venimos padeciendo desde hace meses cuyo denominador común fue la búsqueda de un arreglo económico por fuera del proceso que lleva la Justicia de Santa Fe”. Agregaron según el medio rosarino: “Hubo una decisión deliberada de construir un delito federal, como el lavado, para poder recurrir a la Justicia Federal y evitar la jurisdicción provincial”.

En este marco, desde el grupo de exdirectores y fundadores de Bioceres señalaron a LA NACION: “Los directores y exfundadores venimos señalando hace meses que el default y la quiebra posterior de Bioceres SA no fueron inevitables y formaron parte de una estrategia del nuevo accionista controlante, que reportó ganancias en Wall Street por casi 100 millones de dólares en el marco del mismo proceso de quiebra”.

“La quiebra no era el único camino posible para hacer frente a las obligaciones. Existían —y existen— bienes en otras sociedades del grupo, con facturación de varios millones de dólares y activos tangibles tanto en Argentina como en el exterior”, agregaron. Dijeron: “Estamos esperando y bregando por los intereses de accionistas y acreedores de Bioceres y tenemos plena confianza”.

La Nación – Germán de los Santos