Con esta instancia, se pretende que la Corte evalúe si están dadas las condiciones para la apertura de un Jury de Enjuiciamiento al magistrado. Si esta instancia prospera, todo el proceso ordenado por Gelcich quedaría en suspenso porque el máximo Tribunal debería resolver la suspensión inmediata del juez y de todos los plazos procesales para evitar daños patrimoniales, advirtieron desde el grupo que concretó tal presentación ante una consulta de este medio.
Al respecto, Aldo Regali insistió en señalar que “tenemos argumentos jurídicos para que se detenga el proceso de quiebra de SanCor”. Al explicitar el alcance de la ofensiva legal, sostuvo que el objetivo primordial es detener de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la emblemática firma láctea. Por eso, se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, con el fin de paralizar el llamado a licitación forzada de los activos de la empresa.
Paralelamente, se tramita un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela por una presunta denegación de justicia. Los representantes legales denuncian que el juez de grado habría clausurado de manera arbitraria el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra. Según los letrados, esta decisión violó las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático, impidiendo que se considere una alternativa al desguace.
La denuncia también hace hincapié en que el juez declaró la quiebra antes que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa (órgano máximo) se pronunciara al respecto y apuntó que en dicha asamblea se designó arbitrariamente a un abogado de la empresa -que no era asociado- para dirigirla, violando los estatutos y la Ley 20.337.
Para añadir al complicado proceso de quiebra de SanCor, cuando ya se conocían los grupos económicos interesados, trascendió que uno de los síndicos (son dos: Juan Tomat e Ignacio Pacheco, ya que renunció el tercero, Oscar Epstein, y no fue cubierta la vacante) denunció al juez Gelcich, ante la Corte, por supuestas irregularidades.
Según pudo saber este medio, el eje central de esa presentación es la acusación que, a criterio del denunciante, el juez Gelcich habría montado un mecanismo para obstaculizar el control independiente que la ley otorga a la Sindicatura, sustituyéndola de hecho por una “coadministración” designada directamente, eludiendo el sorteo legal obligatorio del registro de la Corte.
Por ello, se solicitó a la Corte Suprema que inicie una investigación urgente, adopte medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, ordene un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado. En tanto, y a pesar de la insistencia periodística, el juez Gelcich no realizó ninguna declaración al respecto.
Como se sabe, SanCor solicitó su propia quiebra en el mes de abril pasado, pedido que fue aceptado una semana después por el juzgado que tramitaba su concurso de acreedores.
La cooperativa arrastraba una deuda de US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados. Así lo determinó dicho juzgado a partir del procesamiento de 1519 pedidos de verificación sobre un total de 2702 acreedores en el marco de concurso. La misma está compuesta de US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales como los principales acreedores. Además, se constató una deuda cercana a los $6350 millones posterior al concurso.
La Nación – José E. Bordón