El sistema que quedó en la órbita de Agricultura contenía a la actividad de la industria lechera aún cuando el pasado 11 de junio, mediante la resolución 81/2026, el gobierno dispuso la eliminación formal del Registro de Operadores Lácteos, una herramienta que, durante dos décadas, estuvo destinada a fiscalizar a los actores de toda la cadena.
Fue un registro que funcionó en el marco de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), disuelta en 2011. Por ello, argumentaron que operaba “sin sustento técnico-legal y operativo”, y era necesario quitarle continuidad. Directamente, mediante esa resolución, el gobierno derogó las normativas que regían la fiscalización y control de la actividad láctea.
A un mes de aquella decisión, dispusieron que el SIOCAL se adapte a las nuevas reglas. Y eso implica que deje de contener a la industria láctea.
De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 103/2026, con fecha de hoy en el Boletín Oficial, la industria láctea termina de desvincularse de los registros oficiales. Sus operadores ya no se regirán por el SIOCAL y el Estado deja de exigir la inscripción porque directamente ya no ejerce ese control comercial.
Sin embargo, el sistema no cambiará de nombre, y así lo dispone el artículo 3 de la norma: “Mantiénese la denominación del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), a fin de preservar la continuidad operativa del sistema y resguardar la seguridad jurídica de los operadores”. Se ve que SIOCA, sin la L final, sonaba demasiado feo.
De este modo, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que forma parte de la secretaría de Agricultura, reduce formalmente sus competencias al rubro carnes y concluye su retirada del sector lácteo. Eso significa que industrias, usinas y otros operadores ya no estarán bajo su órbita para acreditar el cumplimiento de obligaciones comerciales, impositivas y administrativas.
Anteriormente, en la normativa publicada en el mes de junio -mediante la cual se iniciaba ese proceso-, la propia secretaría justificaba su decisión de este modo: “La práctica ha demostrado la carencia de operatividad del registro de operadores mencionado, desprovisto de mecanismos efectivos de fiscalización, control y sanción de infracciones, lo que a su vez ha impedido asegurar la actualización, veracidad e integridad de los datos allí contenidos”.
Bichos de Campo