"Desde Santa Isabel defendemos que la tierra es de quienes la trabajan. Es el motor de nuestras economías regionales, de las cooperativas, de las pymes del campo y de todo el entramado productivo que sostiene a la región. Por eso decimos presente. Porque defender la tierra es defender el trabajo, la producción y la identidad de nuestros pueblos. Instamos a nuestros representantes nacionales y a los legisladores de todas las fuerzas políticas, en especial a los Senadores Nacionales por Santa Fe Carolina Losada, Eduardo Galareto y Marcelo Lewandowski, como así también al gobernador Maximiliano Pullaro, que se expidan simple y claramente sobre esta iniciativa", señalaron e instaron a que "protejan el suelo argentino y que cualquier modificación a la Ley de Tierras priorice al productor nacional y al interior productivo y rural".

El pasado y el presente

En ese marco, el presidente de Bases Federadas, Omar Príncipe, sostuvo en una reciente entrevista publicada en Agroclave que, a 114 años del Grito de Alcorta, las reivindicaciones que dieron origen a aquella histórica protesta agraria siguen plenamente vigentes. El dirigente advirtió que el pequeño productor atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas y cuestionó las iniciativas que, a su entender, podrían profundizar la concentración de la tierra y favorecer la extranjerización.

Príncipe recordó que el Grito de Alcorta marcó "un antes y un después" en la historia del agro argentino al convertirse en el punto de partida de la lucha organizada de miles de arrendatarios que reclamaban acceso a la tierra y mejores condiciones de producción. También alertó sobre el avance de la concentración productiva y reclamó políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores, además de una nueva ley de arrendamientos rurales que garantice mayor estabilidad para quienes trabajan la tierra.

El proyecto de ley oficial

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno nacional reúne modificaciones a distintas normas vinculadas al derecho de propiedad. En materia rural, uno de los capítulos más debatidos es el que modifica la Ley de Tierras Rurales (26.737), vigente desde 2011.

Desde una parte del sector agropecuario se advierte que facilita una mayor concentración de la propiedad rural; profundiza la extranjerización de tierras con recursos estratégicos, como agua, minerales y zonas de frontera y reduce la capacidad del Estado para controlar quién adquiere grandes extensiones de territorio.

La Capital