El comunicado de CAFRISA no desconoce el objetivo oficial de bajar costos y simplificar la actividad productiva, pero pide que ese camino no termine afectando “aquellas herramientas que generan beneficios concretos para el sector”. Por eso la Cámara hizo “un llamado al diálogo y al consenso entre las autoridades nacionales, productores e industria, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa para fortalecer la cadena de ganados y carnes argentina”, en sintonía, remarcó, con lo que hacen los principales países exportadores de carne del mundo.

La conclusión de la entidad es categórica: “un IPCVA fuerte, eficiente y orientado a resultados constituye una herramienta que merece ser preservada”.

La postura de CAFRISA no es un caso aislado dentro de la industria. Días antes, la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), que nuclea a plantas de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, había difundido un comunicado en el mismo sentido, firmado por su presidente, Dante Cerino, y su vicepresidente, Raúl Azcona, en el que apeló “al sentido común del Gobierno” para evitar lo que calificó como “un tremendo error” en el esquema de financiamiento.

En las antípodas se ubica CAINCA, que planteó el debate en términos de libertad de elección antes que de sostenimiento institucional. “En el marco de la libertad, competitividad y respeto por la propiedad privada entendemos que el aporte al IPCVA y a cualquier entidad gremial empresaria debe ser voluntario para que cada actor de la cadena de aprovisionamiento de carne pueda elegir qué institución lo represente y promocione su negocio”, sostuvo la Cámara en su comunicado.

La entidad apuntó además contra el diseño original del sistema: “El aporte obligatorio definido hace más de dos décadas en otro contexto impacta en la estructura de costos y precios de los productos sin ninguna contraprestación para quienes abastecen el consumo interno”.

La grieta entre cámaras frigoríficas refleja una tensión que también atraviesa al resto de la cadena. La ofensiva de Sturzenegger había generado en un primer momento el rechazo unánime de la Mesa de Enlace y de las entidades que administran el IPCVA desde su creación, que defienden la obligatoriedad de un aporte que ronda los 15 millones de dólares anuales aportados íntegramente por el sector privado. Pero esa unidad inicial mostró fisuras, ya que una encuesta del analista ganadero Andrés Halle en la red social X, arrojó que el 85% se inclinaba por la posición desreguladora, mientras que apenas el 15% acompañaba la defensa institucional del esquema actual.

Incluso puertas adentro de las propias entidades rurales aparecieron voces disidentes, como la de la Sociedad Rural de Santa Fe, que cuestionó a sus propios representantes provinciales y nacionales por sostener la continuidad del aporte obligatorio.

Bichos de Campo