Cabe recordar que el conflicto se desencadenó tras la publicación del Decreto 690/2026, con el que el Gobierno introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. Los prácticos cuestionan la norma porque consideran que modifica aspectos que afectan la seguridad de la navegación. Aunque rechazan definir la medida como un paro, sostienen que numerosos profesionales comunicaron a las empresas que no se encuentran disponibles para prestar servicios mientras analizan los alcances del decreto.

Mientras tanto, Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), explicó que, aunque en los puertos granarios las plantas continúan moliendo, la logística está “totalmente afectada” porque ningún buque está pudiendo moverse. Según indicó, los ingresos de camiones se mantienen normales y las terminales siguen otorgando cupos mientras exista capacidad de almacenamiento, aunque advirtió que, de persistir la paralización, podría llegar un momento en que sea necesario interrumpir también la recepción de mercadería.

En ese contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su “más profunda preocupación” por la situación y advirtió que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje amenaza seriamente al comercio exterior argentino. La entidad sostuvo que la paralización “frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, además de evidenciar “la urgencia de actualizar el régimen normativo”.

La cámara remarcó que la interrupción de las maniobras de los buques “representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional” y advirtió que la acumulación de embarcaciones demoradas interrumpe el flujo del comercio exterior, afecta el ingreso de divisas, paraliza el transporte terrestre, colapsa la capacidad de acopio en las terminales y expone a los exportadores a penalidades contractuales y mayores costos logísticos.

En paralelo, la CPPC consideró que el conflicto demuestra la necesidad de avanzar en la modernización del sistema de practicaje. Si bien destacó la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos, sostuvo que un esquema en el que “la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino” pone de manifiesto la necesidad de revisar el régimen vigente. Asimismo pidió la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y el sector para restablecer la navegabilidad y encauzar la discusión normativa.

La Nación – Belkis Martínez