La resolución también eliminaba tarifarios obligatorios y permitía que los precios se definan por acuerdo entre partes. Según el Ejecutivo, el objetivo es abrir el mercado, reducir costos operativos y facilitar la llegada de nuevos oferentes.
Esto generó un fuerte rechazo de los prácticos, que son quienes maniobran los grandes buques que llegan a cargar granos y otros productos, que decidieron dejar de prestar sus servicios, dejando paralizada la actividad portuaria a nivel nacional.
“El practicaje está totalmente desregulado hace 35 años. Lo que hace este decreto es modificar condiciones y requerimientos clave y aumentar exponencialmente los riesgos de la navegación”, señaló horas antes a Bichos de Campo John Ryan, capitán de ultramar y actual presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
En tanto, la Prefectura Naval Argentina intimó durante la mañana de este martes a 536 profesionales del servicio de practicaje y pilotaje a retomar de manera inmediata sus tareas, en un intento del Gobierno nacional por destrabar el paro que mantiene afectada la actividad en las principales terminales del país.
La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la Prefectura ordena a los profesionales volver a prestar el servicio previsto en el Decreto 690/2026, norma que modificó el régimen de practicaje y pilotaje. La fuerza de seguridad incluso advirtió que el incumplimiento podrá derivar en sanciones disciplinarias y hasta en denuncias penales, al considerar que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó este lunes “su más profunda preocupación ante la severa parálisis que afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Vía Navegable Troncal y los principales nodos marítimos del país, como consecuencia de la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje”.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, alertaron los administradores de los puertos privados, la mayoría de ellos dedicados a granos y subproductos. La cámara retrató: “La acumulación de buques fondeados y demorados interrumpe el flujo normal de las exportaciones e importaciones, deteniendo de forma inmediata el ingreso de divisas fundamentales para la estabilidad macroeconómica del país”.
Y amplió: “El freno portuario genera un efecto dominó que paraliza el transporte terrestre (camiones y ferrocarriles), colapsa la capacidad de acopio en las terminales y desabastece a insumos industriales y energéticos estratégicos para la producción local”.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) habían reclamado una salida urgente del conflicto para evitar mayores pérdidas. “Hoy no sale ni entra un solo barco a todos los puertos agroindustriales de la Argentina. Esto es altamente costoso y por eso estamos urgiendo que se busque una solución lo antes posible”, advirtió el presidente de esa entidad, Gustavo Idígoras.
En concreto, fuentes del sector logístico habían confirmado a Bichos de Campo que la planta de Aceitera General Deheza (AGD) en Timbúes, ya no tenía cupos disponibles ni para este martes ni para el miércoles. Y si el conflicto continuaba, tampoco habría lugar para asignar nuevos turnos. La situación había empezado a repetirse, aunque con distinta intensidad, en otras terminales del complejo agroexportador del Gran Rosario. En Cargill Alvear todavía continúan recibiendo mercadería, pero desde la operatoria reconocieron que probablemente entre este martes y el miércoles comiencen a restringir los cupos si los barcos siguen sin poder ingresar a los puertos, algo promete normalizarse en las próximas horas.
Bichos de Campo – Diego Mañas