Luego, el cronograma establece una reducción gradual de la participación de las empresas no integradas: 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031, siempre sobre un corte obligatorio total del 10%. Finalmente, a partir de 2032, el esquema quedará definitivamente dividido: 3% para las empresas no integradas, mientras que el 7% restante será comercializado bajo un régimen de libre negociación y contratación, con participación tanto de empresas integradas como no integradas.
La principal problemática para avanzar en el proyecto se daba en el sector del biodiésel, ya que actualmente las empresas no integradas tienen el cupo total del 7,5%, mientras que las empresas integradas (las exportadoras) no podían participar del mercado interno. Ahora, se estableció un piso del 3% para las pymes y crece la participación de las grandes aceiteras.
Por ese motivo, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, una entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel en el interior de Argentina, rechaza el nuevo proyecto de ley de biocombustibles, considerando que favorece a las grandes aceiteras exportadoras y perjudica al sector pyme.
Para las entidades del agro, el texto consensuado constituye "un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina".
De acuerdo con las organizaciones firmantes de la solicitud, el dictamen moderniza la normativa actual e introduce mejoras sustanciales, entre ellas, el incremento en los cortes obligatorios, fijando metas más altas y progresivas de mezcla obligatoria tanto para el biodiésel como para el bioetanol en las naftas y el gasoil, lo cual, sostiene, maximizaría el uso de insumos de origen agroindustrial sustentables.
Además, destacan que con la implementación de la norma se generará una reducción de emisiones y un compromiso ambiental, puesto que la nueva ley consolida el rol de los biocombustibles como una herramienta efectiva para la descarbonización del transporte, en línea con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética.
Por otra parte, afirman, se logrará una mejor calidad en los combustibles como consecuencia de la integración de un mayor porcentaje de biocombustibles que optimiza el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas en el mercado local.
Las entidades del agro destacaron que el proyecto ofrece perspectivas de crecimiento en varios rubros como autos flex, kits, estaciones de servicio de etanol; mayores cortes provinciales en bioetanol y biodiesel; 15 años de previsibilidad de inversiones, nuevos productos en el mercado como el SAF o el biocombustible marítimo entre otras innovaciones. "La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer", indicaron en el documento enviado a los legisladores.
Otro de los puntos de la nueva ley que subrayaron desde la agroindustria es el impacto favorable que podría tener en los precios y en las economías regionales. "Promueve un esquema competitivo en la oferta de combustibles que cuida el bolsillo del consumidor final, al mismo tiempo que fomenta la inversión, el empleo federal y la agregación de valor en origen", señalaron.
Por eso, entidades como las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca; las Bolsas de Comercio de Rosario y Chaco; las Cámaras de Biocombustibles, de Bioetanol de maíz, de la Industria Aceitera, de Exportadores de Cereales, de Alcoholes, de la Pequeña y la Mediana Empresa de Productores y Expendedores de Biocombustibles, y de la Construcción de Córdoba; el Consejo Agroindustrial Argentino; el Centro Azucarero; Coninagro; Maizar; Cañeros Unidos del Este, de Tucumán, Jujuy y Salta; Barbechando y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitaron a los senadores de la Nación que traten a la brevedad el dictamen para su sanción definitiva.
Clarín – Mariela Vaquero