Por el lado de Molinos Agro-Dreyfus (LDC)-Unión Agrícola Avellaneda mejoraron los pagos y redujeron plazos: hasta US$130.000 (casi el 80% de los acreedores), pago del 100% de las acreencias a los 30 días de la homologación judicial. Para el resto de las categorías de deuda incorporaron pagos en efectivo en el corto plazo (US$25.000 a los 30 días), pagos complementarios e incrementos de porcentajes a abonar para acelerar el recupero de la acreencia.
En ese sentido, Fernando Correa, líder regional de Oleaginosas de LDC, dijo que “esta mejora refleja el compromiso de brinda una salida seria, equitativa y sustentable para Vicentin, garantizando la recuperación de los créditos en condiciones justas y verificables, y manteniendo los puestos de trabajo en todos los activos involucrados”.
A su vez, Mariano Grassi, líder del otro grupo, aseguró en la audiencia que cuenta con el apoyo de Cargill y Bunge, además del acompañamiento que hizo público Esteban Nofal, CEO de CIMA Investments, que adquirió los derechos por la deuda a los bancos internacionales.
Grassi, especializado en la originación de granos, remarcó que con la asociación que articula con traders globales harán fluir la comercialización de los granos en buenas condiciones de logística y precios, y eso también les permitiría cubrir las acreencias e incluso devolver hasta el 200% para quienes aporten granos o recursos financieros.
El telón de fondo que sustenta estas propuestas “atractivas” es la competitividad de la agroindustria argentina, que aún en contextos complicados ofrece una perspectiva de negocio positiva, no sólo por las instalaciones, sino por el ecosistema integral socioproductivo, desde los agricultores hasta los operarios de las plantas de molienda y exportación, pasando por todos los eslabones de la cadena comercial de insumos y suministros.
Ahora queda una semana para presentar las adhesiones: el plazo vence el viernes 31 de octubre y desde ambos lados aseguran se van sumando en forma consistente. En la audiencia se aclaró que el derecho constitucional de los acreedores a elegir entre las diversas propuestas incluye la posibilidad de revocar conformidades previamente otorgadas.
Así, hay expectativas de que se alcancen las mayorías legales exigidas (847 sobre 1692 acreedores y dos tercios de la deuda verificada: $65.512 millones sobre el total de $97.782 millones), se evite la quiebra, y en el corto plazo haya una “nueva Vicentin”.
Rural – Clarín – Mauricio Bártoli