Pero a esa pata le falta una mesa: una parte importante del agro, actividad que, como se recordará, salvo para la foresto-industria, había quedado excluida del RIGI.
Con el criterio de ampliar el alcance del RIMI, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) destacó que “bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”. Entre los sectores afectados se encuentran, según el CAA, bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas; plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos y fábricas de molienda de girasol y fábricas de maquinaria agrícola.
El CAA, que comenzó a reunirse con senadores, propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio “solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas”. Además, propone incorporar un inciso para el resto de las empresas que no entran como pymes con un monto de inversión mínima de US$30 millones para que puedan acceder a los beneficios del régimen.
“A nivel individual pueden entrar los productores, pero hay muchas empresas medianas, desde semilleras, feedlots hasta tambos que no encajan en el RIMI, por eso pedimos ese cambio”, explicó una fuente del CAA.
La entidad recordó que “el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a pymes, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana”.
Otra propuesta que se conoció en los últimos días fue la que formuló Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que propone una reforma tributaria con una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo”, según el presidente de la entidad, Carlos Castagnani.
Entre otros puntos, la iniciativa de CRA promueve la amortización acelerada de inversiones, un Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la devolución acelerada del IVA técnico derivado de inversiones, incentivar el uso de fertilizantes mediante la deducción de Ganancias y, por supuesto, la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).
Las propuestas del agro, tanto estas como otras que se han venido formulando en los últimos años, no se corresponden con una visión corporativista, de un sector que pide un privilegio sobre los demás. Esta cuestión irrita a los funcionarios del actual gobierno.
Se trata de volver a emparejar la cancha en una actividad que, históricamente, ha jugado con reglas adversas y aún así se mantuvo en pie.
Campo – La Nación – Cristian Mira