El sector algodonero aún no vio grandes cambios desde la llegada de Milei: “Nos dicen que hay que darle tiempo, pero seguimos esperando”, lamenta Carlos Almiroty

Otra de las principales preocupaciones del sector tiene que ver con el interés del gobierno de abrir la importación de ciertos productos, lo que ya generó el desconecto de varias economías regionales. Y el algodón no es excepción.

“Ya escuché varios amagues porque amenazan con cuestiones abusivas de precios supuestamente. Esto ya lo vio la Argentina. Y repitiendo lo que dicen los industriales, acá nadie tiene miedo a competir con el mundo. Pero dame las mismas reglas. Si yo tengo impuestos que el otro no paga, una ley laboral por la que vivo bombardeado de juicios laborales que el otro no tiene, entre tantas otras cosas, me van a fundir. No digo que no hay que abrir, digo que abramos con inteligencia, viendo que el tipo pueda competir”, sostuvo Almiroty.

-¿En algún momento se agota la paciencia?- le preguntamos al algodonero.

-Y ese es el drama del campo, lo tienen cautivo. Porque cualquier tipo que tiene un comercio o una industria, el día que no le dan las cuentas baja la palanca, cierra la fábrica y se manda a mudar. ¿Pero el productor qué va a hacer? Vive en el campo. Haya buen precio o mal precio, tiene que volver a sembrar, le suban o le bajan los insumos. Es un estilo de vida y sigue apostando a que el año que viene va a ser mejor. Y los distintos gobiernos a lo largo de la historia de la Argentina se aprovechan de eso, lo cual es un suicidio para toda la sociedad. Porque tanto se dice que la agroindustria es el motor del país y la locomotora que nos va a sacar, y nosotros nos encargamos de ponerle un palo en la rueda a la locomotora para que no termine arrancando. Basta mirar lo que pasa en Brasil con su explosión agroindustrial, cómo está desplazando a los Estados Unidos en la mayoría de los mercados agrícolas y nosotros estamos planchados hace 20 años, en estado vegetal.

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Nueva campaña. ¿Por qué todavía se usa semilla no fiscalizada? Para ese sector, la cuestión esconde elementos culturales y económicos

El uso de semilla no fiscalizada -es decir aquella que no se encuentra certificada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) en función de los controles de calidad dispuestos y no posee, por lo tanto, permisos de multiplicación- sin dudas se ha vuelto parte, lamentablemente, del folclore de la producción algodonera.

Con una superficie cultivada promedio que ronda las 500 mil hectáreas desde hace varios años, y una producción que en 2023 alcanzó de 230 a 250 mil toneladas de fibra de algodón, fuentes del sector afirman que al menos un tercio de las semillas que suelen utilizarse no son fiscalizadas. ¿Pero qué razones hay detrás de este fenómeno?

“Es la pregunta del millón”, dijo Carlos Almiroty, presidente de la Cámara Algodonera a Bichos de Campo, durante una jornada realizada en la planta industrial de la semillera Gensus SA, en la provincia de Chaco.

En ese encuentro, la Asociación de Semilleros Argentina (ASA), junto a representantes de la Cámara Algodonera y funcionarios, tanto provinciales como nacionales, dio inicio a la campaña del deslinte del algodón 2024/25, para la que ya se estima una intensión de siembra de más de 250 mil hectáreas para esa provincia del norte. El cultivo crece fuerte además en Santiago del Estero y en el norte de Santa Fe.

Aunque la perspectiva de siembra volvió a generar ilusiones en el sector, que viene de una campaña golpeada por los embates de la última sequía, la cuestión del uso de semillas de dudosa procedencia ocupó gran parte de la agenda del evento.

“Realmente es un tema muy complejo. Sin dudas hay elementos culturales. Hay una parte de los productores que de buena fe consideran que una vez que compran la semilla, tienen derecho a hacer uso propio de la misma. Pero después están los que la venden a terceros. También creo que hay cuestiones económicas. No es menor que esta es una de las variables de ajuste del productor”, dijo Almiroty a este medio.

“El alquiler del campo es el del mercado. El costo de la cosecha y del desmotado también es una cuestión de mercado. Después el Estado le cobra retenciones y le paga a un tipo de cambio diferencial. ¿Dónde puede ajustar? En la semilla, y de eso se desprende que no tengamos las últimas tecnologías que usan los países competidores”, explicó a continuación el chaqueño.

-¿Usted ve entonces que para el productor la semilla es un ítem costoso?- le preguntamos a Almiroty.

-Él piensa que lo es. Es el famoso “lo barato sale caro”, porque ponen tanto patrimonio en riesgo con cada siembra, cuando deberías apuntar a tener la mejor tecnología que haya en el mundo. Pero es un poco como el perro que se muerde la cola. Nosotros tenemos que estar al lado de la legalidad, no cabe duda. Pero después tenés el uso y costumbre. Es un tema que va a haber que trabajarlo, te diría haciendo casi docencia educativa

Algo similar es lo que identifican desde el INTA Sáenz Peña, estación conocida como la “catedral del algodón en el país”, en donde campaña tras campaña se trabaja cerca de los productores del sector con el fin de asistirlos y concientizarlos.

“No sé si todos ven al uso de semilla fiscalizada como una ventaja, pero lo cierto es que su uso baja el nivel de riesgo que tenemos en el campo. Sabes que lo que sembrás tiene detrás todo un paquete tecnológico, que tiene que ver con un germoplasma adaptado, y que frente a todas estas inestabilidades propias del cambio climático, seguramente vas a tener un mejor resultado”, dijo a Bichos de Campo Diana Piedra, directora del Centro Regional Chaco Formosa del INTA.

A eso hay que sumarle el riesgo que implica para la comercialización del algodón la detección de una variedad no autorizada. Esto quedó de manifiesto tan solo unos días atrás, cuando desde INASE informaron que, a partir de una denuncia y la realización de un operativo en Chaco, se identificaron 7 casos de uso de semillas portadoras de tecnología no autorizada en el país.

Este nuevo episodio de un cultivo transgénico sembrado en el país sin los debidos análisis de riesgo ni la aprobación de las tres instancias que deberían expedirse, como lo son el Senasa, la Conabia y la Subsecretaría de Agricultura, encendieron rápidamente las alarmas del gobierno provincial.

“Es algo que realmente nos preocupa y que ya venía pasando en años anteriores. Sin dudas tenemos que lograr que el productor obtenga la mejor semilla posible, que se traduce en mayores kilogramos por hectárea y en una mejor calidad de la fibra, lo que genera mayor rentabilidad para nuestro productor. Son muchas las cuestiones que llevan a esto. Tal vez un control que no existió en el último tiempo, tal vez un desconocimiento de los productores, tal vez los costos de la sequía que generaron un grave daño económico a todo el sector. Son muchos los factores y no es algo de ahora”, reconoció a Bichos de Campo Hernán Halavacs, ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco.

Frente a este panorama y con solo cinco meses en el cargo, el funcionario indicó que esta es una de las principales razones por las que busca la prórroga de la ley 26.060 de desarrollo sostenible y fomento de la producción algodonera, que vence a fin de este mes y que contempla distintas ayudas para los productores entre las que se destaca el acceso a tecnología en semillas.

“A fin de mes la 26.060 vence así que para nosotros es sumamente importante prorrogarla y poder actualizar sus fondos. No es solo para nosotros sino para todo el sector algodonero del norte argentino”, afirmó Halavacs.

Aún así, el funcionario indicó, durante el encuentro organizado por ASA, que la provincia ya destina fondos para la compra de semillas fiscalizadas que luego distribuye entre pequeños productores con el objetivo de frenar el comercio ilegal.

El tema también ocupa y preocupa a Gensus, el único semillero que hoy en día distribuye las simientes certificadas, y del que salen poco menos de la mitad del material que se utiliza en cada campaña.

“Efectivamente es un problema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. INASE viene trabajando en un programa que se llama Semilla Segura, que sirve para que cuando el productor vaya a hacer uso de su propia semilla, cosa que es totalmente legal hacer, realice un testeo para verificar que no haya presencia de eventos no autorizados. Eso empezó hacer 5 años y producto de ese ordenamiento los productores empezaron a entender la importancia de esto. Eso permitió que del 16% de reconocimiento que había en 2016 y 2017 de la propiedad intelectual, contenida entre la regalía y las fiscalizadas, lleguemos hace unos años al 65%. Osea que teníamos un buen envión, pero después los controles aflojaron el año pasado”, señaló a Bichos de Campo Alejandro Fried, director de Gensus SA.

-¿Por qué motivo aflojaron esos controles?– le preguntamos al empresario.

-Sinceramente no tengo una explicación de si fue una falla del sistema o de qué fue. Lo concreto es que empezaron a aparecer eventos no autorizados en el campo que eran fáciles de ver porque, a diferencia de lo que ocurría hace años atrás, eran eventos que tenían resistencia al herbicida glufosinato. Con esa cualidad, el productor podía aplicar ese insumo cuando la producción estaba prácticamente lista para cosechar.  Entonces vos ibas por los campos y veías que, en un estadio con las bochas abiertas, el campo estaba libre de malezas.

-¿Tuvieron dialogo con las autoridades por esto?

-Nosotros somos semilleros, pero además tenemos una empresa de deslinte, y se hizo la semana pasada una reunión en INASE donde se habló con todas las deslintadoras y reconocieron que se aflojaron el año pasado los controles, y que este año va a haber controles de 24 horas, aleatorios, con otro tipo de presencia. El problema, al final, es que la detección de estos eventos no autorizados no habla muy bien del sistema biotecnológico argentino.

-¿La idea es trabajar todos en conjunto?

-Nosotros hacemos nuestra parte de entregar al productor las semillas fiscalizadas de las variedades que están legalmente autorizadas en el país. No podemos hacer otra cosa. El productor también tiene que hacer su parte que es tratar de no sembrar semillas ilegales, y el INASE también tiene que hacer la suya de fiscalizar y controlar que lo que circule sean materiales autorizados. Toda la cadena debería entender y ocuparse.

-Ustedes hoy son los únicos semilleros de Argentina. ¿Qué piensan respecto de que el día de mañana haya más competencia y aparezcan otros semilleros de algodón?

-Ojalá eso ocurra. Nosotros no somos en verdad los únicos semilleros porque todos los productores pueden hacer uso propio. Lo que adicionalmente se sabe en el mercado es que hay un montón de empresas que producen y venden semillas de bolsa blanca. El sistema SISA, que es el sistema donde el productor tiene que informar las hectáreas cuánto sembró, las cifras indican que solamente se declaran 250 mil hectáreas por año. La Secretaría de Agricultura declara, por todos los controles que hace, que son 500 mil a 550 mil hectáreas sembradas de algodón en Argentina. El número auditado por INASE coincide con eso. Ahí te estás dando cuenta que hay una brecha que tenemos que corregir.

Bichos de Campo – Sofía Selasco