SUPLEMENTOS RURALES

Ganadería ovina. La cooperativa que agrega valor y quiere llegar a los consumidores

“Desde que nació la idea fue un continuo recomponer sobre la marcha”, dice Ricardo Garzia, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, cuando describe cómo fue la evolución del proyecto de poner en marcha un frigorífico ovino en la zona. Todo comenzó en mayo de 2012, cuando en pos de potenciar la actividad de los pequeños productores de esa región, la delegación de la FAA creó la Cooperativa Federada Gobernador Mansilla. En un principio, los 28 miembros de la cooperativa pensaron reflotar el viejo frigorífico de la ciudad a medio terminar para crear agregado de valor a la producción bovina, pero enseguida entendieron que el negocio de ese tipo de mercadería se manejaba de manera corporativa y se haría difícil para ellos llevarlo a cabo.

Fue ahí que decidieron virar, dejar de lado la carne vacuna y enfocarse en la producción ovina. En 2014 compraron esa planta de faena abandonada en los años 60 para allí desarrollar el procesamiento de carne ovina y caprina. De la mano de la ley ovina, que los ayudó a financiarse, adquirieron equipamiento para la planta, mientras reconstruían el edificio.

“Había una necesidad de los pequeños y medianos productores de dejar de colocar su producción de manera estacional, en las fiestas de fin de año. También sumar a la faena otros tipos de animales con una manera diferente de ofrecer la carne ovina en el mercado”, dijo Garzia.

“Avanzar hacia la desestacionalización de la faena, abrir el abanico de tipos de animales a faenar y cambiar la forma de ofertar la carne ovina envasada al vacío eran tres desafíos que teníamos por delante”, añadió.

De a poco y con mucho esfuerzo, las obras y la compra de los equipos de frío iban dando forma al emprendimiento. Llegó el 2020 y para cuando todo estaba en óptimas condiciones, comenzaron con los trámites para la habilitación y poder operar.

En julio del año pasado, consiguieron la habilitación para la comercialización en los límites de la provincia y en diciembre del 2020 realizaron su primera faena y comercialización de la mercadería en distintas localidades de la zona. Esa primera faena fue cercana a los 400 animales. “En un principio la gente lo compró como novedad pero luego los carniceros nos dijeron que la mercadería no salía de manera frecuente”, describió.

Fue así que con los socios decidieron redireccionar el proyecto y darle un nuevo destino a la mercadería que ya tenían en las cámaras. “Como hoy nosotros estamos en condiciones de hacer ciclo uno, dos y tres, con una lenta salida del envasado al vacío, encontramos en los embutidos la manera de colocar esa carne que no pudimos vender. Nunca imaginamos que íbamos a ir por ahí”, detalló.

“La idea de siempre fue darle regularidad y continuidad a los productores que están produciendo cordero pesado, borrego o capón de unos 50 kilos por animal vivo”, aclaró.

Para Garzia, la falta de promoción sumado a la falta de costumbre en el consumo diario en las familias hace que este tipo de carne los aleje de su objetivo “al menos por ahora”.

“Necesitamos que se incorpore a la mesa diaria. Asimismo, debemos trabajar para conseguir lo antes posible la habilitación para el tráfico federal que va a traccionar y acelerar para que el proyecto crezca. Hay un interés y demanda en otras provincias como en Buenos Aires”, indicó.

“Para esto debemos hacer otras inversiones tales como una caldera, un digestor y pequeñas modificaciones edilicias como el techo en los corrales, una sala de necropsia y un equipo más de frio. La inversión que necesitamos es de seis millones de pesos”, añadió.

Garzia destacó que hoy la planta tiene capacidad para procesar 100 animales de 50 a 60 kilogramos por día, lo que representa una producción diaria de 3000 kilos. Anualmente se estima la faena de unos 36.000 animales.

Valores

Según el dirigente, la cooperativa arregló un valor al gancho con los productores que va de los $250 a los $300. Por otra parte, detalló que en la planta están trazando las carnes de las distintas razas y de sus cruzamientos que ingresan para que les sirva a los productores para proyectar su majada.

“Los precios son parecidos al de la carne vacuna, pero la producción ovina tiene muchos mejores números. Si bien se trabaja mucho más, producir un kilo ovino es más eficiente y el porcentaje de preñez está en el 100% en la señalada”, dijo.

“La cantidad de kilos de carne por hectárea y por año es superior al de la vaca y otra de las ventajas es que se adapta a pequeños y medianos productores. Tenemos mucho para dar y mejorar”, describió.

Por último, indicó que es un proyecto a largo plazo, pensado en la rentabilidad de los productores como herramienta que complete la colocación de los corderos pesados. “La puesta en marcha de la planta frigorífica es de gran importancia en el desarrollo de toda la cadena. Sabemos que la comercialización aún están en pañales pero con ganas de comenzar a gatear”, finalizó.

Campo – La Nación – Mariana Reinke

 

Piden que se prorrogue la ley para el sector

Desde que se sancionó la ley ovina nacional, en 2001, tuvo como fin modernizar a través del tiempo la actividad incrementando el stock de animales. Hoy, dos décadas después, el sector reclama una nueva prórroga. Para Marcos Williams, productor de Río Gallegos y coordinador de la Mesa Ovina Nacional (MON), la ley para los productores ovinos que viven total o parcialmente de la actividad ha sido una de las herramientas más importantes con las que contó y cuenta.

Williams integra, además, el consejo directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIA). “En la Patagonia, la ganadería ovina no es una opción, es un monocultivo ovino. No tenemos un menú con otras opciones agropecuarias. A medida que uno se acerca a las estepas, la zona se hace cada vez más agreste y solo llueve unos 150 milímetros al año: no nos queda otra forma de producir”, describe.

“La ley tiene una importancia enorme porque permitía a muchos productores poder mantener la actividad ovina. En el sur, por ejemplo, es una manera de sostener el arraigo de los pobladores, donde en muchas zonas es la única actividad productiva. Si el ovino no anda conlleva al cierre definitivo de las tranqueras de los campos”, indica. En este sentido, Williams detalla tres grandes virtudes que tiene la ley para la actividad. “En primer lugar, es una herramienta absolutamente federal, donde cada provincia, según su realidad, maneja el presupuesto que le asignan para los proyectos presentados por los productores locales”, dice.

La segunda virtud tiene que ver con las condiciones favorables para el financiamiento de los proyectos. “Tiene características benévolas: los créditos o aportes reintegrables que da la ley pueden tener hasta dos años gracia y hasta cinco años para su devolución, con un interés mínimo y sin garantías más que un pagaré. Los montos recuperados por los gobiernos provinciales los vuelven a volcar a nuevos créditos para productores”, agrega.

Por último, para el productor, es un instrumento que contempla el largo plazo, es decir “que le da una perspectiva futura a la actividad en general y al productor en particular”. Según afirma, desde el punto de vista económico, también la ley tiene resultados importantes, generando fondos adicionales en la producción. “Por cada dólar que puso el Estado, se generaron seis dólares adicionales en toda la cadena productiva. A lo largo de estos años en que la ley estuvo vigente, se produjo adicionalmente el equivalente a dos zafras ovinas para el país”, sostiene. En este contexto, los cerca de 100.000 productores a lo largo del país, entre los 40.000 comercialmente activos y otros 60.000 tenedores de ovejas que no vuelcan de lleno su producción al mercado, esperan que la ley se renueve, a la vez que se incremente el fondo destinado para los proyectos.

La ley tiene por objetivo recuperar el stock ovino y promocionar el arraigo de la población en las distintas regiones rurales del país “Hoy el aporte anual es de $80 millones cuya cifra se mantiene desde el 2011; solo se incrementa algo con los recuperos de los créditos”, afirma Williams.

Campo – La Nación