Los precios de la soja brasileña ya comenzaron a reflejar el impuestazo aplicado por Lula y siguen sumándose más malas noticias
La comercialización agrícola en Brasil se encuentra afectada por la decisión del gobierno brasileño de aplicar un sorpresivo “impuestazo”.
La semana pasada se habrían comercializado menos de 500.000 toneladas de soja en Brasil, cuando lo usual para esta época es un volumen ubicado en un rango de 1,50 a 2 millones de toneladas, según estimaciones del consultor Vlamir Brandalizze publicadas por el sitio brasileño Noticias Agrícolas.
Si bien la medida generó un masivo rechazo en el sector agroindustrial brasileño, el equipo económico del gobierno Luiz Inacio Lula da Silva parece estar decido a no dar marcha atrás.
A pesar del derrumbe de ventas del poroto, la medida ya comenzó a trasladarse a los valores ofrecidos por la soja en el mercado brasileño, donde el precio de referencia de la soja Paranagua disponible cayó un 0,3% la semana pasada, mientras que la soja Rosario (Argentina) subió un 1,4% en el mismo período.
Si bien el mayor impacto, por el volumen de negocios, corresponde al sector agrícola, la realidad es que el “impuestazo” afecta a todos los sectores agroindustriales del país.
La Asociación Nacional de Exportadores de Jugos de Cítricos (Citrus BR), por ejemplo, estimó que la resolución 1227 generaría un incremento impositivo de al menos 400 millones de reales (unos 75 millones de dólares).
La medida además tendrá un impacto inflacionario. Compañías petroleras, como es el caso de Ipiranga, comunicaron que, luego de evaluar el impacto de la resolución 1227, ajustarán el precio de los combustibles a partir de este lunes 11 de junio, algo que, obviamente, incrementará los costos de producción y comercialización en el agro brasileño.
Todo comenzó el pasado martes 4 de junio, cuando, por medio de la resolución 1227, se dispuso la imposibilidad de emplear créditos fiscales generados por los impuestos del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) para abonar otros tributos de orden nacional. El PIS (vaya nombre) consiste en una contribución social federal del 1,65% sobre los ingresos brutos, mientras que el Cofins tiene una alícuota del 7,6%.
El hecho de impedir la posibilidad de emplear créditos fiscales de PIS/Cofins implica, en los hechos, un aumento impositivo indirecto para el agro brasileño, que, en el caso de la industria aceitera, fue estimado en torno a los 6500 millones de reales.
La industria del biodiésel calcula un perjuicio de 250 millones de dólares
La industria del biodiésel brasileña rechazó el “impuestazo” aplicado por el gobierno nacional por medio de la resolución 1227 y aseguró que tendrá un impacto inflacionario en los valores del biocombustible que, en su mayor parte, se elabora con aceite de soja.
La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil (Aprobio) y la Unión Brasileña de Biodiesel y Bioqueroseno (Ubrabio), entidades que representan a las plantas productoras de biodiésel en Brasil, comunicaron que “recibieron con perplejidad” la resolución 1227.
“El impacto más desastroso de la resolución 1227 es que afecta directamente los resultados de las empresas al generar, de la noche a la mañana, una acumulación de créditos PIS/Confins no monetizables”, indicaron por medio de un comunicado.
Las primeras estimaciones del total de créditos PIS/Cofins acumulados en la industria del biodiesel totalizan alrededor de 1350 millones de reales por año, una cifra equivalente a unos 250 millones de dólares.
“Ese monto, que se convertirá en un costo para la industria del biodiésel, representa en promedio un 3,4% de los precios actualmente vigentes”, señalaron las entidades.
El comunicado indica que la acumulación de estos créditos irrecuperables desincentiva las inversiones en la industrialización de materias primas necesarias para la producción de biodiésel.
“Si se realizan menores inversiones en industrialización, aumentarán los riesgos para la industria del biodiésel, que depende de las semillas oleaginosas, y también para el sector de la proteína animal, que depende de la harina de soja, un coproducto de la producción de aceite vegetal”, aseguraron.
El problema se agrava porque la industria aceitera calcular que el perjuicio generado por la medida es del orden de 6500 millones de reales anuales, lo que complica la competitividad del sector agroindustrial en su conjunto.
“La resolución 1227 produce una enorme incertidumbre en lo que respecta a los planes de inversión ya programados, los que obligan a revisarlos”, resume el comunicado.
Valor Soja