Semillas. Quienes rechazan la iniciativa proponen discutir una ley más amplia para la actividad
Si bien, el convenio Upov 78 tiene jerarquías superiores a la ley de Semillas vigente, es esto último lo que las diferentes entidades gremiales del campo quieren que se trate con urgencia en el Congreso. Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), añade que “es necesario adecuar la ley de Semillas que permita actualizar el reconocimiento de la propiedad intelectual, con control exclusivo del Inase. Upov 91 no es la solución. Upov 91 le da prerrogativas no deseadas al obtentor, desde poder no autorizar el uso propio (oneroso) a un productor, otorgar derechos más allá de la semilla misma (caso sobre el producto cosechado)”, resalta.
Del Solar explica que el dictamen de comisión de Diputados sobre la ley Semillas en 2018 “contemplaba un sistema de reconocimiento propiedad intelectual tanto biotecnología y germoplasma en un solo pago, y tenía amplio consenso”.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) recuerdan que habían sugerido abstenerse de respaldar la adhesión a la Upov 91 y eliminar el artículo de la Ley de Bases. Esta determinación, aseguran que está motivada por la “infundada afirmación de que la adhesión implicaría un acceso a la tecnología genética más avanzada para todos los productores, algo que puede lograrse igualmente a través de una ley de Semillas consensuada, como ha demostrado Brasil en los últimos años”.
Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, asegura que han estudiado el tema con los técnicos, por lo que entienden que “no habría ni perjuicios ni beneficios para el productor y por otra parte sí habría beneficios para acceder a mercados de exportación”.
El cooperativista añadió: “en esta instancia particular del país no vemos razones para rechazar y sí para insistir en la necesidad que se constituya el directorio del Inase, se hagan los controles e inspecciones con respecto al uso propio que la ley hoy vigente prevé, al efecto de salvaguardar justamente los derechos del pequeño y mediano productor en hacer el uso propio”, añade.
Por las razones esgrimidas en el proyecto de ley, sostiene que en rigor, la mayor productividad y rindes requiere más de políticas públicas que promuevan la inversión, que de innovaciones tecnológicas de producción.
Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), sostiene que el país tendría serias y profundas consecuencias en caso de adherir a Upov 91. “Con ella se extingue el derecho de uso propio del agricultor y le concede toda la facultad al obtentor de concederlo o no. Además, al momento el derecho del obtentor llega hasta la comercialización de la semilla, pero de cambiar se llevaría hasta el producto de la cosecha, es decir al grano, al fruto o al alimento. Con esta iniciativa, se genera una confusión al argumentar la necesidad de desarrollo con el hecho de dar derechos exclusivos, limitantes y extendidos a un sector que podría así controlar toda la cadena agroalimentaria”, extiende.
Asegura que “hay una intencionalidad de desmerecer el trabajo del pequeño productor, al vincularlo solo a semillas nativas. Desconoce que los agricultores también mejoramos variedades con nuestro trabajo. No se debe ni puede confundir mejoramiento con transgénicos”, aclara. Dice que los productores necesitan rentabilidad, menos retenciones, menos presión impositiva y más valor agregado, para tener capacidad de adquirir más tecnología, fertilizar y recomponer nutrientes, no modificaciones que atenten contra nuestros derechos, amparados por la Constitución Nacional, en su art. 17.
Buenos Aires
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, había expresado en la semana que la adhesión al Acta Upov 91, que impulsaba el gobierno de Javier Milei, a través del proyecto de Ley de Bases ponía “en riesgo la soberanía en materia de semillas”. El funcionario participó de la apertura de la 19° Fiesta del Tomate Platense, que se realizó en la Estación Experimental MDA Gorina, de La Plata, donde se refirió al tema que estuvo en debate en el Congreso, y se sumó a las entidades agropecuarias que expresaron su rechazo a la decisión.
“La ley ómnibus pone en riesgo nuestra soberanía en materia de semillas”, expresó Rodríguez, quien manifestó su rechazo a la incorporación al convenio internacional de regulaciones de semillas para usos comerciales del que participan 61 países. “Esta ley destruye el derecho al uso propio por parte de los productores”, indicó el ministro durante el evento.
“Rechazamos la incorporación a Upov 91, porque atenta principalmente contra los pequeños y medianos productores. Si el productor no tiene la posibilidad de multiplicar y utilizar sus propias semillas, queda rehén de una cadena sumamente concentrada en la que hay muy pocas empresas que dominan prácticamente todo el mercado”, agregó.
Campo – La Nación