Semillas: revivió el debate por el pago del uso propio
El martes pasado, el Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez, le anunció a la industria semillera que buscará avanzar en una resolución para que el uso propio gratuito que hoy hace el productor de lo que se guardó de una cosecha, como de soja y trigo, para volver a sembrar en la siguiente campaña, pase a ser pago. La novedad tuvo apoyos en la industria y muestras de cautela y rechazo en las entidades gremiales. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, se haría un cobro “estratificado” por productores, excepto, entre otros actores, a los de la agricultura familiar. “Estamos pensando en la estructura”, dijo una fuente de Agricultura sobre lo que se presentó a la industria semillera. Según la fuente, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) fijaría el valor del canon en base al impacto de la tecnología. No está definido si el mismo ente haría el cobro o sería directo por parte de las industrias semilleras.
En este sentido, trascendió que se tendría que hacer un reconocimiento de pago para los materiales, por ejemplo de soja, que no superen los 20 años. Además de la soja y el trigo, el sistema también abarcaría a cebada, algodón, maní, arroz y arveja. El próximo martes, según trascendió se hará una reunión de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), ente donde confluye la industria y los productores, y allí se aguarda la presentación formal de la iniciativa. En el encuentro del último martes, el Gobierno expresó su preocupación por la pérdida de productividad en soja versus Brasil. “Hace 20 años estábamos 300 kilos por hectárea arriba de Brasil, hoy estamos 300 kilos abajo y la proyección es que, si no hay cambios, estemos 600 kilos abajo en los próximos 10 años”, señaló una fuente.
En la Argentina, según dicen en la industria semillera, el mercado de semilla fiscalizada de soja solo ronda el 20%. Es el mercado que, aseguran, se paga todos los años para la compra de una nueva bolsa de semilla. Se estima que hoy ronda los US$400 millones pero se podría triplicar con otro marco normativo.
Antonio Aracre, director general de Syngenta, en diálogo con este medio consideró “disruptivo” el cambio que se impulsa. Dijo que lo propuesto “va a generar movimiento e inversiones en el interior”. Añadió: “Tenemos un cálculo de que esto [con más inversiones en la actividad] puede significar 100.000 puesto de trabajo bien federal y US$2000 millones de inversiones, sobre todo en maquinaria”.
Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), expresó: “El ministro compartió su idea de que las empresas tengan un reconocimiento de la propiedad intelectual de autógamas”. Señaló: “Estamos a la espera de los detalles”.
Del lado de las entidades del campo, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló: “No lo veo bien ¿cómo se hará con quien compró la tecnología en la bolsa y, además, le cobren canon y que se termine el uso propio gratuito?”, se preguntó.
Afirmó que el uso propio “está consagrado en la ley [de semillas] y cualquier resolución en contra, viola la normativa vigente”, enfatizó.
Santiago del Solar, coordinador de la comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que, “por ahora, como está planteada la cosa, genera mucha alarma”. Añadió: “En esa reunión no estaba ningún productor, o sea, estaba el Gobierno pactando algo con los semilleros a espaldas de los productores”.
Para Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, si bien desde la entidad siempre han sostenido una postura de reconocimiento a la tecnología y la genética, “un canon a la producción no parece lo más adecuado”. Precisó: “Desde la cartera de Agricultura nos transmitieron la preocupación que les transmiten los obtentores en cuanto al nivel de uso de semilla fiscalizada, que es solo del 18%, como así también de causas abiertas con algunos productores. Ante esto, nos manifestaron que están estudiando alternativas, las que serían oportunamente consensuadas con las partes. Y que de avanzar estas decisiones no afectarían a aquellos productores que hacen uso de semilla fiscalizada. Quedamos en que nos reuniríamos antes de tomar cualquier decisión para analizar y buscar la mejor alternativa para resolver este tema”.
Campo – La Nación – Fernando Bertello, con la colaboración de Mariana Reinke