Vicentin: la Justicia intervino la empresa y ordenó desplazar a su cúpula

El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos. La medida también alcanza a organismos estatales como la AFIP y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.

Directorio desplazado y plan de intervención

Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores. Estos, por su parte, tienen un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y acreedores.

La medida se fundamenta en la inacción del directorio ante el agravamiento de la crisis, la falta de propuestas para frenar la caída y la decisión unilateral de cerrar las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo sin prever medidas alternativas. “El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, sostiene la resolución.

Reactivación parcial y presión sindical

La medida judicial se conoció apenas días después de que la empresa lograra reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A., que anticiparon pagos por fasones de girasol y etanol. Ese esquema permitió abonar el 40% de los salarios adeudados de marzo y comprometió otros pagos para fin de mes. Los trabajadores aceptaron un cronograma que prevé cobrar el 80% en total, aunque el 20% restante sigue sin garantía.

Pese a ese avance parcial, Lorenzini concluyó que la estructura actual no podía continuar. “Se ha tornado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio, lo que impone esta intervención como única salida razonable para proteger los intereses de todos los involucrados”, escribió el juez.

Además, se señala la necesidad de evitar “el deterioro del patrimonio, la deserción de clientes y la posible pérdida de los pocos contratos aún vigentes”. En ese marco, los interventores deberán presentar un plan de acción urgente y rendir cuentas mensualmente.

Causa penal, deuda millonaria y presión política

Vicentin arrastra un default por más de u$s1.500 millones desde diciembre de 2019. En febrero de este año, la Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo aprobado en primera instancia, tras las apelaciones de varios acreedores, entre ellos el grupo Grassi. La decisión judicial volvió a foja cero el concurso e hizo latente la posibilidad de un cram down, aunque esa etapa aún no se formalizó.

En paralelo, cuatro exdirectivos de la empresa -entre ellos Roberto Gazze— continúan detenidos con prisión preventiva. La fiscalía los acusa de asociación ilícita y estafa, por presuntas maniobras de vaciamiento durante la gestión del default. Días atrás, Gert-Jan Mulder, exdirector del Rabobank Argentina, difundió una carta pública en defensa de Gazze, donde cuestionó “el tono mediático del caso” y alertó sobre el “riesgo de criminalizar la gestión empresaria”.

Un exRabobank salió en defensa de Roberto Gazze, uno de los detenidos

En medio del proceso judicial que mantiene detenidos a cuatro exdirectivos de Vicentin -acusados de asociación ilícita y estafa en el marco del concurso de acreedores-, una voz del sistema financiero internacional salió a respaldar a uno de los imputados. Se trata de Gert-Jan Mulder, exdirector del banco Rabobank en Argentina, quien firmó una carta pública en defensa de Roberto Gazze, histórico ejecutivo de la cerealera santafesina.

El texto, titulado “Carta desde la banca: en defensa de Roberto Gazze y la dignidad empresarial”, fue difundido esta semana y apunta directamente a los procedimientos judiciales aplicados en la causa. “Con profundo pesar sigo los hechos recientes en torno al caso Vicentin y, en particular, la detención preventiva de mi amigo personal desde hace más de 35 años”, abre Mulder, quien asegura haber sido testigo del crecimiento de la firma desde sus tiempos como proveedor financiero.

Críticas al proceso judicial

Mulder no niega la gravedad de los hechos bajo investigación, pero pone el foco en las formas. “No me corresponde afirmar inocencia ni culpabilidad -eso le incumbe a la Justicia-, pero sí me preocupa profundamente el procedimiento aplicado”, afirma, tras señalar que la prisión preventiva por 120 días aplicada a Gazze y a otros tres exdirectivos “despierta dudas legítimas sobre la equidad del proceso”.

Según el exbanquero, los abogados defensores “recibieron la acusación a las tres de la madrugada, horas antes de la audiencia”, lo que a su entender compromete el derecho a una defensa efectiva. También cuestionó el tono público del caso: “¿Qué mensaje se transmite cuando se convierte una audiencia judicial en un espectáculo mediático?”, se pregunta.

Preservar activos, no criminalizar la gestión

En otro tramo de la carta, Mulder llama a distinguir entre fraude y fracaso empresarial. “La diferencia no siempre es clara, y el riesgo de criminalizar la gestión es tan real como peligroso”, advierte. “Las crisis no se resuelven buscando culpables a cualquier costo, sino construyendo confianza, reglas claras y procedimientos justos”, escribe, en alusión al colapso financiero de Vicentin.

El exdirectivo del Rabobank también defiende la actuación de la firma en el marco del concurso. “Se habla de desvío de fondos, pero también de esfuerzos genuinos por ofrecer alternativas a los acreedores, preservar los activos productivos y mantener en pie una empresa que, hasta hace poco, daba empleo directo a miles de personas”, plantea.

En el cierre, Mulder dirige un mensaje al presidente Javier Milei, a quien define como un dirigente que impulsa “la libertad económica y el orden institucional”. A él le pide que “esta causa no se convierta en un símbolo de injusticia”. Y concluye: “Argentina necesita seguridad jurídica, sí, pero también respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Gazze, Rabobank y la trama judicial de Vicentin

Roberto Gazze fue uno de los directivos históricos de Vicentin y está detenido junto a otros tres exejecutivos. La Justicia santafesina investiga una presunta maniobra de vaciamiento y fraude por la que se desviaron activos durante el concurso de acreedores iniciado en 2020. En febrero, la Corte Suprema provincial revocó la homologación del acuerdo preventivo con acreedores, lo que desató nuevas presiones sobre la firma.

Rabobank, uno de los principales prestamistas internacionales del agro argentino, fue acreedor de Vicentin y tuvo una relación cercana durante años. Mulder, que fue su director en Argentina, afirma haber conocido a Gazze en ese marco y haber seguido de cerca la evolución del grupo. Su carta no busca negar los hechos, pero sí reclama debido proceso, proporcionalidad y respeto institucional, en una causa que se volvió también símbolo del deterioro judicial y económico de la empresa.

Ámbito Financiero – Yanina Otero