En tanto, en septiembre pasado, Nicolás Bronzovich fue designado como presidente del INTA, y Carlos Alberto Antonio Vera, médico veterinario, como vicepresidente.

Pese a estos cinco nombramientos clave, el Consejo Directivo del INTA aún no puede sesionar con su quórum completo. Faltan dos definiciones cruciales para terminar de conformar el cuerpo colegiado que establece la ley de creación del instituto. La vacante más sensible corresponde a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según fuentes cercanas a la entidad, la demora es meramente institucional y no responde a un conflicto con el Gobierno. Se espera que el consejo de CRA realice la votación interna para definir a su representante la próxima semana. Una vez que el nombre esté consensuado, será elevado formalmente al INTA para su posterior oficialización mediante un nuevo decreto.

Además del representante de CRA, tampoco se ha oficializado la designación del vocal correspondiente a la Facultad de Veterinaria de las universidades nacionales, la otra pata académica del Consejo Directivo.

“Que las personas propuestas reúnen las condiciones necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de los cargos vacantes de Vocales del Consejo Directivo del INTA”, cita el decreto.

Vale recordar que el Gobierno impulsó a mediados de este año, mediante el Decreto 462/2025, una profunda reforma que eliminaba su autarquía y pasaba a ser un organismo “desconcentrado”, dependiente de la Secretaría de Agricultura. De esta forma, se disolvía el Consejo Directivo. Con este avance, el gobierno centralizaba todas las decisiones en un presidente designado por el Ejecutivo, en este caso, Bronzovich.

El objetivo del Gobierno era achicar la estructura del Estado, por ende, sus gastos. Entre las medidas adoptadas, se decidió una reducción de cargos gerenciales y coordinaciones, que representaban un “ahorro” de $1400 millones para el organismo, equivalente a la baja de 115 agentes. El presupuesto 2025 del INTA fue de $223.000 millones.

El rechazo a la reestructuración escaló hasta el punto que, tras un revés legislativo y judicial que frenó la “reforma”, el Gobierno debió dar marcha atrás y restituir el funcionamiento del Consejo Directivo, junto a todos los cambios propuestos.

Ahora, las designaciones despejan la incertidumbre generada en el sector agropecuario tras el fallido plan, que incluso impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para el sector agropecuario, el objetivo de ahora en adelante es volver a poner en funcionamiento un organismo que estuvo “casi paralizado” durante meses, con dificultades presupuestarias y sin poder ejecutar trabajos de investigación y extensión a lo largo de este tiempo.

La Nación – Belkis Martínez