El Banco Central registró más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, una cifra récord para el sector, mientras que ATILRA denunció salarios adeudados, despidos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de la empresa, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos. En paralelo, los 180 tamberos que abastecían la planta interrumpieron los envíos por falta de pago.

El fallo también ordena la inmediata intervención judicial, la clausura con inventario de bienes, y habilita el uso de fuerza pública y cerrajero en caso de ser necesario para ingresar al predio. La sindicatura tendrá la tarea de inventariar activos, verificar créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, el pasivo.

Maralac, bajo la lupa

Días antes de la quiebra de La Suipachense, la Justicia Comercial de Buenos Aires también declaró la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de yogures y postres SanCor, con pasivos por más de $49.000 millones y 540 cheques rechazados. Ambas compañías estaban bajo la gestión del grupo venezolano Maralac, que había asumido el control operativo tras el derrumbe financiero del Grupo Vicentin quien había comprado la compañía en 2016.

El grupo, que desembarcó en Argentina en 2012, controlaba la planta bonaerense de La Suipachense y la red industrial de ARSA en Arenaza y Monte Cristo, aunque nunca logró consolidar la titularidad accionaria total de esta última empresa debido a los conflictos judiciales derivados del concurso preventivo de Vicentin. Con el paso del tiempo, ambas firmas lácteas acumularon denuncias gremiales por vaciamiento, maniobras de facturación cruzada y desvío de fondos, iniciadas por ATILRA, además de cautelares judiciales para impedir el retiro de maquinaria e insumos.

En total, las dos lácteas suman más de 1.500 cheques rechazados por más de $15.000 millones, lo que las convierte en uno de los casos de colapso financiero más severos de la industria láctea reciente. Con las plantas paralizadas, el grupo Maralac se retira de hecho del negocio lácteo argentino, dejando más de 600 trabajadores sin empleo, deudas impositivas y comunidades enteras sin su principal motor de empleo.

Ámbito Financiero – Yanina Otero