Para Blasco, esa exigencia resulta impracticable en cultivos tradicionales del NOA como el garbanzo, donde variedades como Norteño o Chañarito se utilizan desde hace 20 o 30 años. “Estas semillas se vienen usando hace por lo menos treinta años. Antes se guardaban facturas seis años, no treinta. Y ahora el Inase pretende aplicar una resolución nueva hacia atrás. Eso no se puede. Las leyes no son retroactivas”, explicó.

Las cartas documento enviadas por el Inase a las empresas incluye un requerimiento de documentación: “Informar la documentación acreditante del origen legal de la semilla de garbanzo utilizada (…) acompañando copia digitalizada de la factura de compra de semilla original”.

Esto se formula bajo apercibimiento de continuar las actuaciones sin la intervención del productor. Según el integrante de Apronor, esto afecta incluso a quienes siempre cumplieron con el sistema. “Hay productores que siembran legalmente y hacen uso propio de la semilla, pero como son compras que hicieron hace más de treinta años, hoy no tienen la factura. Para el Inase, eso significa no justificar el origen, y por lo tanto, los multan”.

Recordó que el conflicto ya había sido planteado en febrero pasado cuando Apronor participó en Buenos Aires de una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura para abordar cuestiones de genética de poroto y garbanzo. En ese encuentro —del que participaron el entonces presidente del Inase, Claudio Dunan, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros funcionarios— se expuso la preocupación por las primeras multas que habían comenzado a llegar a fines de 2024.

“Planteé la preocupación por estas multas y me dijeron que no nos hiciéramos problemas, que no contestáramos las resoluciones ni las cartas documento”, recordó. Según afirmó, incluso les remarcaron que la idea era ir hacia un proceso más largo: “Nos dijeron que esto no podía ser de la noche a la mañana, que un reordenamiento así tiene que durar un mínimo de cinco años, por no decir ocho”.

El mensaje de aquella reunión generó tranquilidad en el sector. “Cuando volvimos de esa reunión todos quedaron tranquilos porque se entendió que las multas no iban a seguir adelante”, dijo. Sin embargo, recientemente los productores volvieron a recibir intimaciones reclamando el pago de las mismas sanciones.

Señaló que venían planteando el problema desde septiembre ante Agricultura, sin obtener respuestas. Contó que la situación cambió recién en los últimos días, cuando el tema volvió a hacerse público. “Se comunicó el actual presidente del Inase. Nos prometió una reunión antes de fin de año”, afirmó. Se trata de Martín Famulari, quien asumió hace dos meses el control del organismo.

Según Blasco, el impacto para las empresas de la región es significativo. “Los ponen a los productores en una situación de quebranto. Son multas millonarias y venimos de dos o tres campañas malas. Los productores no han cometido ningún delito”, señaló. También indicó que el sector espera una instancia de diálogo que permita revisar la aplicación de la normativa vigente. “Seguimos con este problema y esperando algún tipo de solución por parte del Inase”, concluyó.

La Nación – Pilar Vazquez