A partir de esta aclaración, marcaron su principal preocupación. Dijeron que la desregulación del digesto “impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola, un sistema que el sector ha construido y perfeccionado durante muchos años y que constituye la base para garantizar transparencia, control y seguridad en todos los eslabones de la cadena” .
Remarcaron la importancia de dos instrumentos: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros. El CIU fue definido como “la piedra angular del ordenamiento de la producción primaria” y como “la única constancia fehaciente que certifica con reconocimiento bilateral el ingreso real de la uva al lugar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega”. También se señaló que su obligatoriedad garantizó “transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica, especialmente para los productores que elaboran bajo el régimen de maquila” .
Sobre el CEC 05, indicó que es el formulario que “da continuidad y validez administrativa a la información consignada en el CIU, registrando de manera precisa los volúmenes elaborados y las titularidades correspondientes” y que es esencial para “identificar correctamente la producción de terceros, asegurar su disponibilidad y respaldar documentalmente sus derechos”.
Ambos instrumentos fueron definidos como “la columna vertebral de la trazabilidad vitivinícola, entendida como la capacidad de reconstruir con precisión y confiabilidad el recorrido completo de la uva y sus derivados desde el viñedo hasta el consumidor final” .
La carta enumeró, además, los motivos por los cuales consideran indispensable sostener este esquema. Según el texto, la trazabilidad permite “garantizar la calidad, autenticidad y genuinidad de los productos vitivinícolas”, “resguardar la propiedad y la participación real de cada actor en la cadena”, “sostener la integridad estadística del INV”, “mantener estándares internacionales de control, identificación y registro” y “brindar confianza plena a los consumidores y mercados, tanto internos como externos”.
El documento planteó que “la eliminación del CIU y la ausencia del CEC 05 debilitan gravemente este sistema integral, fragmentan la trazabilidad y generan incertidumbre, afectando la seguridad jurídica de miles de productores y el funcionamiento ordenado de la cadena vitivinícola”. Por eso, los firmantes consideraron “indispensable asegurar la plena continuidad del CIU y del CEC 05 como herramientas esenciales para garantizar una trazabilidad completa, verificable y jurídicamente sólida” en toda la cadena.
La carta fue firmada por los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa, y por entidades vitivinícolas como la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Acovi, la Federación de Cámaras Vitícolas, la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Cámara Argentina de Vinos a Granel y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
La Nación