Las empresas reaccionaron de inmediato y dejaron en claro que intentarán revertir el cese de actividades en las próximas horas. Al respecto, anticiparon: "Todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria por lo que se procederán a tomar todas las medidas que establece la ley".

Al margen del debate sobre el proyecto de modernización laboral, la cámara enfatizó que el paro se anunció "sin existir un solo reclamo gremial pendiente". Al respecto, recordaron que en la última negociación paritaria se "selló la paz social hasta mediados de 2026" mediante el acuerdo con los sindicatos.

Previamente, la federación de trabajadores planteó la necesidad de organizar una protesta inmediata contra el proyecto del gobierno. "Es hora de defender todo lo que hemos logrado. Compañeras, compañeros, frente a este ataque brutal, vamos a la huelga nacional", concluyeron.

Una reforma y un ataque en tres niveles

Los aceiteros plantearon que el proyecto tiene “tres niveles de ataque” contra sus derechos. “Su primer objetivo consiste en modificar la negociación colectiva, buscando destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresa y sindicatos por empresa para fragmentar al colectivo obrero”, señalaron.

Por otra parte, la federación considera que la reforma apunta a “limitar al extremo el ejercicio del derecho de huelga” para generar una “prohibición de facto”. Así remarcaron que casi todas las actividades, incluidas las de estos gremios, se consideran “servicios esenciales” y deben garantizar un “servicio mínimo de entre el 50 y el 75 por ciento”.

En segundo lugar, el comunicado de FTCIODyARA se pronunció contra la creación de un fondo de asistencia laboral y la reducción de aportes a la seguridad social, ya que implica una “transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado”. Al respecto, la entidad advirtió: “Esto es más hambre para los jubilados, mayores facilidades para la patronal despida y menores indemnizaciones”.

Por último, los sindicatos entienden que los cambios en la ley de contrato de trabajo y otra normativa implican un "mayor disciplinamiento en los lugares de trabajo". Entre ellos señalaron la constitución del banco de horas como una medida que sólo beneficia a la patronal, que "además ya no deberá pagar las horas extra como tales".

La Capital