La estampilla subirá de 25 pesos actuales por kilo, a 32 pesos por kilo, con un aumento del 28%. Con ese incremento de recursos se acordó un presupuesto para 2026 de 8500 millones de pesos para el organismo yerbatero. En esa misma reunión también habría quedado consensuado, o al menos se empezó a conversar, la necesidad de avanzar en un achicamiento del plantel del organismo y una adecuación a las nuevas y acotadas funciones, respecto a las que ostentaba hasta el 10 de diciembre de 2023.

“Vamos a trabajar en el marco de la normativa vigente para dar un paso más en la modernización del Instituto, armonizando esas normas en un proceso de desburocratización que facilite la actividad que desarrollan los distintos operadores del sector yerbatero”, explicó Rodrigo Correa, en una declaración publicada por el INYM. En ese sentido, destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

LA NACION le pidió a Correa una declaración sobre las cesantías y la reorganización del INYM, pero el titular del organismo aún no se pronunció. Al asumir dijo que se tomaría un tiempo antes de hacer comentarios sobre los lineamientos de su nueva gestión.

Los recortes en el INYM son apoyados por muchos sectores yerbateros, industriales e incluso pequeños productores que han sido muy críticos en los últimos años con la politización del organismo, la estructura burocrática que fue desarrollando y también la falta de reacción en estos dos años para defender a los pequeños productores.

En rigor, la Secretaría de Agricultura ya le venía pidiendo al INYM que se modernizara, pero sin un presidente designado por el gobierno nacional ningún “director a cargo” quería tomar la decisión. El directorio apoyó estos recortes conocidos el día de hoy.

Hace dos años, con el DNU 70/2023 el INYM perdió las facultades de regular los precios de la materia prima y la yerba canchada dos veces al año, así como otras potestades regulatorias, como controlar las plantaciones de nuevos yerbales y eventualmente limitarlas, fijar el calendario de cosecha o realizar durísimos controles sanitarios a la yerba importada.

En este contexto, quienes buscan restituir las facultades regulatorias, cada vez con menos esperanza de lograrlo, son el gobierno de Misiones, la mayoría de los pequeños yerbateros (son en total unos 12.500), los tareferos y trabajadores rurales en general, algunas industrias medianas y chicas y algunos sectores cooperativos.

El INYM nació por la ley 25.564 tras la mayor protesta agraria de la historia de Misiones, a la que se conoció como “el tractorazo”, donde cientos de agricultores entraron a Posadas con sus maquinarias y acamparon hasta lograr ser escuchados. Venían de años de precios bajos por la hoja verde y una pobreza en las chacras que generó un fuerte éxodo a las ciudades.

La Nación – Martín Boerr