Según la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, los daños registrados podrían traducirse en una merma de entre el 15% y el 20% de la cosecha de peras y entre el 35% y el 40% de manzanas, con parte de la fruta afectada, aunque no necesariamente destruida, pero no exportable por cuestiones de calidad.

Más allá del impacto climático puntual, la fruticultura del sur argentino arrastra un problema estructural de rentabilidad que se volvió crónico. En la campaña previa, las liquidaciones pagadas a productores oscilaban entre 250 y 400 pesos por kilo, montos que quedaron por debajo de los costos de producción de la fruta.

Esa ecuación negativa se traduce en que muchos productores ven comprometida su capacidad de sostener inversiones y operaciones año tras año, frena la renovación varietal y presiona sobre la mano de obra y los insumos.

Informes de SENASA y otros análisis sectoriales señalan además que la manzana está perdiendo consumidores en el mercado interno, con una caída de consumo en 2024 respecto de 2023, y que una proporción creciente de fruta se destina a industrias que pagan menos de la cuarta parte de lo que se obtendría en mercado fresco o exportación.

Aunque los volúmenes totales de producción de peras y manzanas en el Alto Valle se mantuvieron altos en algunos años recientes, superando 1,1 millón de toneladas según algunos recortes del ciclo 2025, la distribución de esos volúmenes hacia destinos menos rentables impacta directamente en los ingresos de los productores.

Un elemento que añade presión extra sobre la rentabilidad de los productores locales es la amenaza creciente de las importaciones de fruta que compiten en el mercado interno argentino. Organizaciones de economías regionales han advertido que la importación de alimentos que el país produce se duplicó en el primer trimestre de 2025, lo que incluye frutas de pepita y carozo en competencia directa con productos de la Patagonia.

Esa presión importadora se combina con una brecha de costos y competitividad respecto de países con sistemas productivos más eficientes o con condiciones macroeconómicas más favorables, lo que reduce aún más los márgenes de ganancia para los fruticultores del Alto Valle.

La convergencia de factores como daños por fenómenos climáticos extremos, rentabilidad estructural en niveles muy bajos, costos que superan los precios de liquidación, y presión de importaciones, pone a la fruticultura regional en una encrucijada. Como sintetiza el análisis de Lojo, la actividad “sigue funcionando, pero cada vez más al límite”, y la declaración de emergencia agrega un reconocimiento formal de que hay productores que no pueden sostener sus operaciones sin asistencia, flexibilización de cargas y acceso a financiamiento específico”.

La campaña 2026 será, en ese sentido, un termómetro clave no solo de la respuesta productiva tras un ciclo muy desafiante, sino también de si las políticas públicas y los mecanismos de mercado pueden convivir con un sector que históricamente fue uno de los motores agrícolas de la región patagónica.

Bichos de Campo