Baravalle sostuvo que el nuevo esquema no genera mejoras productivas. “Podemos confirmar fehacientemente que este tipo de tecnología no aumenta el índice ni de preñez ni de destete. He estudiado los procesos que intervienen en la ganadería y cría, sé del potencial que tiene la ganadería y cría, y me da bronca que erremos el camino”, expresó.
En ese sentido, agregó: “El 80% de los ganaderos argentinos están por debajo de las 150 madres. Es decir que le estamos poniendo a esos productores un costo innecesario. Hay que dejar que el propio ganadero decida en qué invertir su dinero”.
El dirigente también cuestionó el argumento oficial vinculado a la eficiencia. “En el Gobierno dicen que no solamente es una cuestión sanitaria, sino que además que mejora la eficiencia del rodeo. No es así. Está comprobado, por ejemplo, que en el vecino país de Uruguay, que hace 20 años que tienen este tipo de trazabilidad, no aumentaron su índice de preñez y de destete”, indicó.
Sobre el impacto comercial, fue crítico: “Teóricamente, la carne vacuna trazada puede ingresar en nuevos mercados y luego se va a derramar en la cadena. Pero en esa teoría del derrame, los criadores tenemos que esperar tres años para ver eso, mientras tanto del costo nos tenemos que hacer cargo solo nosotros”.
En ese sentido, dijo que el reclamo también apunta a la distribución de costos dentro de la cadena cárnica. “Resulta que el único que paga el costo es el productor. Ninguno de los otros eslabones que conforman y participan de la cadena cárnica son parte del pago del binomio en cuestión”, sostuvo.
En paralelo al malestar sectorial, desde la dirigencia de Bases Federadas circuló un modelo de recurso administrativo que los productores presentan de manera individual ante el Senasa. El documento plantea un “Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio” contra la resolución 841/2025 y solicita que “se deje sin efecto la obligatoriedad de la identificación electrónica individual bovina”.
En forma subsidiaria, el escrito pide que “se establezca su carácter voluntario o que se suspenda su aplicación respecto de terneros/as nacidos desde el año 2025 y para pequeños y medianos productores ganaderos de cría”.
Entre los fundamentos, el recurso sostiene que la resolución resulta “arbitraria, irrazonable, desproporcionada y contraria a derechos constitucionales, generando un grave perjuicio económico y productivo”.
En el apartado económico, el texto detalla que el nuevo sistema implica un binomio electrónico de aproximadamente $3200 por animal, una “aplicación informática anual de $56.000 y un bastón lector electrónico de $3.800.000. Para un productor que desteta 100 terneros por año el costo pasaría de aproximadamente $35.000 a $4.176.000”, dice el escrito.
“Esta carga económica no genera mejoras productivas ni sanitarias comprobables, resulta inviable para pequeños y medianos productores y provoca transferencia de costos hacia el eslabón más débil de la cadena”, dice el escrito.
Sin embargo, fuentes del Senasa aclararon ayer que el bastón para la lectura de la información no es necesario que lo tenga el criador sino que es para quien cierra el DTe, a saber un invernador, un feedlotero o un frigorífico; por lo que el costo que tendría un criador sería solo de la caravana electrónica.
En tanto, según una de las once firmas que comercializan, el precio de la caravana está entre $1900 y $2250 (entre US$1,35 y US$1,6). En cuanto al valor del bastón, que son importados, en las empresas hablaron que oscilan entre los $1.350.000 a $2.810.000 (entre los 950 y 2000 dólares).
En el documento que van a presentar en el Senasa también se advierte una “contradicción normativa manifiesta” respecto de la aplicación a animales nacidos en 2025 y sostiene que desde noviembre de 2025 “cesó la fabricación de caravanas convencionales”, lo que —según el planteo— fuerza al productor a adoptar el sistema electrónico.
En materia jurídica, el recurso invoca la vulneración del principio de razonabilidad, el derecho de propiedad, la libertad de ejercer industria lícita y el principio de igualdad.
Asimismo, solicita una “medida cautelar administrativa” para suspender los efectos de la resolución respecto del establecimiento hasta que se resuelva el planteo y deja expresada la “reserva de accionar judicialmente, incluyendo acción de amparo”.
Baravalle anticipó que, en su caso personal, avanzará en esa dirección. “Voy a ir a la Justicia con un amparo en contra de esta resolución del Senasa porque la considero totalmente injusta. Nos trasladaron un costo y no nos da ningún beneficio”, afirmó.
Mientras tanto, el conflicto suma adhesiones. Según el dirigente, en conversaciones con muchos productores de diversas entidades ruralistas y autoconvocados, “hay un gran descontento con esta imposición”.
A casi dos meses del inicio del esquema obligatorio, con los primeros recursos administrativos ya presentados y la amenaza de judicialización en el horizonte, se abre un nuevo frente de tensión entre los ganaderos autoconvocados y el organismo sanitario.
La Nación – Mariana Reinke