Desde ASA señalaron que comparten “plenamente la convicción de que no hay crecimiento sostenido sin seguridad jurídica” y recordaron que el Acta 1991, adoptada por 63 países, representa el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales. En contraste, remarcaron que la Argentina continúa bajo el esquema de 1978, lo que la mantiene al margen de ese marco. “Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, indicaron.

El comunicado también destacó la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y la protección efectiva de los derechos del obtentor como herramientas que aportarían previsibilidad y transparencia a la cadena. Al mismo tiempo, la entidad sostuvo que el Estado conserva las herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio, dentro de un esquema claro y sostenible.

Para la asociación, sostener el régimen vigente implica mantener un modelo que ya mostró sus limitaciones y que contribuyó a la pérdida de competitividad en un sector estratégico. En cambio, avanzar en la actualización normativa significa asumir que el desarrollo tecnológico es un pilar central para incrementar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar el liderazgo del agro argentino.

Finalmente, ASA reafirmó su disposición a trabajar junto al Gobierno nacional y el Congreso en la pronta implementación de estas reformas. “Este es el momento de tomar decisiones estructurales que aseguren la inserción definitiva de la Argentina en el comercio global con reglas previsibles”, señaló la entidad, que anticipó que el sector semillero acompañará el proceso con mayores esfuerzos e inversiones si el nuevo marco legal avanza en el Parlamento.

Bichos de Campo