Según explicaron, entre las opciones presentadas hubo propuestas de terceros con esquemas de explotación a largo plazo, incluida una alternativa cercana a los US$ 40 millones mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago inmediato. Sin embargo, ninguna fue aceptada, y el grupo cuestionado tampoco acercó propuestas superadoras.

“Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, sostuvieron los empresarios, quienes remarcaron que dicho acreedor contaba con acceso pleno a la información financiera y participó del análisis de las distintas alternativas.

Ante este escenario, indicaron que el concurso preventivo busca “ordenar las obligaciones de la empresa” y generar un marco institucional que permita evaluar nuevas opciones para reactivar la actividad.

Desde la compañía destacaron además que se trata de una empresa familiar y que sus socios acompañaron el desarrollo con inversiones propias, particularmente en la planta de Trenel, considerada el principal activo productivo.

Pese a la crisis, aseguraron que continuarán trabajando para reactivar la operación en el corto plazo, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y sostener el impacto económico y social que la actividad genera en la región.

Clarín – Esteban Fuentes