El dirigente destacó un dato clave: “Nos confirmaron que lo que se mande al Congreso se va a consensuar con la Mesa de Enlace. Esto es un inicio y todavía estamos lejos de ese final”. Para el dirigente, lo que falta en la mesa es la otra parte involucrada en este tema. “Faltan los obtentores. Necesitamos una reunión de las tres partes para encaminar el proceso”, aclaró en referencia a la industria.
Sucede que, más allá de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, CREA y Aapresid, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) en representación de la industria también tendría que formar parte de la mesa de trabajo. Según aclararon desde la industria ante una pregunta de LA NACION, a ellos los convocaron, pero no tienen definido cuándo y solo les recalcaron que son “los próximos”.
Una alta fuente oficial aclaró que están trabajando con los aportes de todos los involucrados en el tema: “Escuchamos sus comentarios respecto de la propuesta que acercaron en Expoagro, Upov, uso propio, fiscalización, etcétera. Posiciones firmes, pero respetuosas, que nos permiten seguir trabajando para llegar a la mejor solución posible a un problema que arrastra el campo desde hace mucho. Estamos avanzando”.
Castagnani también dejó en claro que el debate de fondo será intenso. “El tema de los obtentores es central, junto con la cantidad de hectáreas y otros puntos que están sobre la mesa”, señaló. Y añadió: “Hay voluntad del sector productivo. Necesitamos una ley que dure 20 años y le sirva al productor”.
Andrea Sarnari, presidenta de FAA, y quien formó parte de la reunión, reforzó la postura del sector con definiciones concretas. “Fuimos con los puntos que consideramos centrales para trabajar en una ley de semillas siempre en el marco de Upov-78”, afirmó. Según detalló, el encuentro permitió defender cada uno de esos planteos: “Pudimos defender cada uno de nuestros puntos. Nos convocaron para generar ese espacio de diálogo buscando mejorar la ley que tenemos”.
Entre los ejes principales, Sarnari destacó el esquema de uso propio: “Hemos hecho una propuesta sobre conservar el uso propio, que sea gratuito hasta las 500 hectáreas”. A partir de ese umbral, planteó reglas claras: “Que sea claro el concepto de qué se cobra y poner límites en la cantidad de años de multiplicación con pago de regalías”.
Vale recordar que la Argentina mantiene vigente la Ley de Semillas N° 20.247, sancionada en 1973, un esquema que reconoce el derecho de propiedad del obtentor, pero también garantiza el uso propio gratuito, es decir, la posibilidad de que el productor guarde parte de su cosecha para volver a sembrar la semilla de soja o trigo sin pagar regalías adicionales. A nivel internacional, el país está adherido al acta Upov-1978, un régimen más flexible que permite ese uso propio sin mayores restricciones. La resistencia de buena parte de los productores a avanzar a la adhesión del acta de 1991 radica en que esta versión amplía los derechos de los obtentores, exige en muchos casos autorización para reutilizar semilla y extiende el control incluso sobre el grano cosechado, lo que podría limitar prácticas históricas, elevar costos y concentrar el negocio en pocas empresas.
El artículo 27 de la propuesta de la Mesa de Enlace mantiene el uso propio gratuito, pero lo restringe a productores “cuya superficie total sembrada sea igual o inferior a 500 hectáreas, alcanzando dicha gratuidad a todas las variedades protegidas”. Si el productor supera ese umbral, “abonará el uso propio oneroso únicamente por la superficie excedente”. El texto aclara que el título de tenencia de la tierra (propietario, arrendatario) “es indistinto a los efectos de la presente ley”.
Por otra parte, Sarnari también remarcó la necesidad de reforzar el rol del Estado: “Planteamos el orden público de la ley y un fuerte control y fortalecimiento del Inase”.
Uno de los principales focos de conflicto sigue siendo la eventual adhesión a Upov-91 que buscaría el Gobierno en el Congreso. “En un principio no estamos de acuerdo con la adhesión a la Upov-91”, reconoció Castagnani, aunque dejó abierta la puerta al debate: “Este es el inicio de un intercambio de ideas y diferentes miradas”.
En rigor, la resistencia del sector productivo se basa en que ese esquema amplía los derechos de los obtentores y podría restringir prácticas históricas como el uso propio, además de elevar costos. En tanto que el Gobierno se comprometió a avanzar en un plan de fortalecimiento del control a través del Inase. “En los próximos días seguiremos con otras instancias de trabajo”, anticipó Sarnari.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcaron que la reunión fue similar a la de Expoagro y se dio en torno de la búsqueda de un consenso entre las partes.
Gustavo Gaich, quien asistió por Coninagro, dijo: “Se pudo profundizar sobre el uso propio gratuito/oneroso, la importancia de la fiscalización por parte del Estado a través del Inase y las variedades esencialmente derivadas, entre los temas más destacados. Se acordó una agenda para continuar en los próximos días, intentando acercar posiciones con el sector semillero".
La Nación – Belkis Martínez