Desde el sector productivo reconocieron que el encuentro sirvió para abrir formalmente una instancia de diálogo, aunque remarcaron que no hubo definiciones. Pablo Ginestet, coordinador de la comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que no se presentó ninguna propuesta oficial del Gobierno y que tampoco se conoció formalmente la iniciativa que impulsa la industria semillera.

“No avanzamos en nada concreto, pero sí se dio inicio a la discusión”, resumió. Según explicó, las partes acordaron volver a reunirse para analizar propuestas concretas y acercar posiciones sobre los puntos que aún generan diferencias.

Esperan que en los próximos encuentros se exponga el cómo y cuándo se debe pagar la propiedad intelectual. Aunque, de acuerdo con una alta fuente, se remarcó que la propiedad intelectual debe ser respetada y pagada. “Todos coincidieron que hay que buscar consensos donde los distintos sectores se sientan cómodos, pero siempre priorizando el incremento de la producción y el beneficio del país", puntualizaron.

Entre esos temas de búsqueda de consenso aparecen el alcance del uso propio de semillas, el límite de hectáreas alcanzadas por el sistema y el tiempo durante el cual debería reconocerse económicamente la propiedad intelectual de una variedad. Mientras la propuesta presentada por las entidades rurales contempla un período de tres años para la protección, sectores vinculados a la industria consideraron que la protección debería extenderse durante toda la vigencia del derecho de propiedad intelectual.

Pese a esas diferencias, Ginestet destacó que existe acuerdo sobre una cuestión de fondo. “Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la propiedad intelectual. Lo que queda por discutir es cómo, cuánto y durante cuánto tiempo”, coincidió.

Por su parte, ASA expuso durante la reunión datos vinculados con la innovación tecnológica, el desarrollo de variedades y el impacto de la biotecnología en la producción agrícola. Su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, afirmó que la entidad considera que el esquema actual “no sirve” y ratificó que la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) constituye el marco adecuado para avanzar en una modernización del sistema.

Según explicó, ASA también presentó una propuesta propia alineada con el tratado internacional, aunque aclaró que durante la reunión no se discutieron artículos específicos ni se analizaron los distintos proyectos punto por punto. “Todavía hay que sentarse a definir qué se va a discutir y cómo se va a construir el acuerdo”, indicó.

Uno de los datos que reveló el encuentro es que todavía no existe un borrador oficial de proyecto de ley elaborado por el Gobierno, al menos del que tengan conocimiento. De acuerdo con los participantes, la intención oficial es que los distintos sectores intenten acercar posiciones antes de avanzar con una iniciativa legislativa.

Incluso, durante la reunión se planteó que, si no hubiera consensos, podrían ser los propios legisladores quienes impulsen proyectos por separado en el Congreso. Esta, consideraron algunos de los consultados, no sería la mejor opción si se trabaja de forma conjunta desde este momento.

La discusión sobre una nueva ley de semillas cobró impulso en los últimos meses tras el compromiso asumido por la Argentina con Estados Unidos para avanzar hacia la adhesión a la UPOV-91, según el marco del acuerdo firmado con ese país. En paralelo, en los últimos días, el Gobierno estableció un nuevo protocolo de control de identidad varietal y protección de la propiedad intelectual en semillas, una medida que abrió un debate adicional dentro de la cadena agroindustrial y productores.

Todos los actores de la cadena coincidieron en que la discusión recién comenzó. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de los obtentores a cobrar por sus desarrollos y las condiciones que reclaman los productores para acceder a esas tecnologías, explicaron.

La Nación – Belkis Martínez