Pasado el período en que se podían hacer las últimas impugnaciones, la Casa Rosada no modificó su decisión y confirmó la adjudicación de la concesión por 25 años al consorcio conformado por las empresas Jan de Nul y Servimagnus, que presentó la mejor oferta en la licitación.
UN VIEJO CONOCIDO EN LA HIDROVÍA
En este contexto, vale recordar que Jan de Nul es un gigante global oriundo de Bélgica especializado en servicios de dragado y balizamiento, y que fue durante dos décadas el encargado de mantener la Hidrovía navegable, hasta que en 2021 el Gobierno por ese entonces comandado por el presidente Alberto Fernández decidió estatizar el servicio.
Ahora, tras cinco años de gestión estatal, “con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, el gobierno nacional del presidente Javier Milei completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, que impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país”, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Puntualmente, lo que hizo la Agencia con su resolución fue formalizar el cierre de las evaluaciones, completando una licitación histórica para el país.
“Tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”, subrayaron desde el Gobierno.
UNA HIDROVÍA CON MENOR COSTO
Por otra parte, desde el Gobierno valoraron que la firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
En este contexto, la ANPyN insistió en que todo el proceso licitatorio contó con un amplio respaldo de usuarios privados (CIARA-CEC, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros) así como de gobiernos provinciales (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ) que se manifestaron satisfechos ante la conclusión del mismo.
Según la dependencia nacional, estos actores públicos y privados destacaron que el proceso mantuvo estrictos criterios de transparencia pública y cumplió con el más alto estándar de calidad técnica dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que auditó cada una de las etapas, para asegurar la aplicación de las buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.
De esta manera, “la privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa”, cerraron.
InfoCampo