"Puede tener un impacto directo en el ingreso y circulación de los barcos. Es un tema que excede a las empresas y entendemos que está vinculado con el nuevo decreto", señalaron.

Además, las entidades indicaron que mantienen conversaciones con la Asociación Mutual de Prácticos (AMPIN) y con la Prefectura Naval Argentina para intentar normalizar la situación. "Lo que queremos es que no haya lockout. Ningún práctico está trabajando y tenemos todo paralizado", agregaron desde la agroindustria.

El conflicto también encendió una señal de alarma en el sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas y del resto de la industria que requiere servicios de practicaje se encuentran interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos, una situación ajena al sector pero que podría generar dificultades en el abastecimiento de combustibles.

La entidad precisó que la medida afecta los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se distribuyen combustibles hacia distintos puntos del país, además de Caleta Córdova, en Chubut, una terminal estratégica para el traslado de petróleo hacia las refinerías.

El Gobierno sostiene que el Decreto 690/2026 busca modernizar una regulación vigente desde hace más de tres décadas, eliminar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior.

"La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", había afirmado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras la publicación del decreto.

Según los datos que aportó el funcionario, el sistema anterior generaba barreras de ingreso y elevados costos: El practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, cuesta US$ 16.903, muy por encima de puertos de Estados Unidos, Europa y México.

En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar formalmente a los prácticos para que retomen de inmediato la prestación del servicio. En las notificaciones recuerda que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advierte que la interrupción de la actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Si bien el decreto prevé que, ante una crisis, la Prefectura pueda habilitar temporalmente a capitanes con certificado de conocimiento de zona para prestar el servicio, fuentes del sector consideran que esa alternativa no permitiría resolver la situación de manera inmediata, especialmente en las maniobras de buques petroleros, que requieren experiencia específica y cuentan con un número limitado de profesionales habilitados.

Clarín – Esteban Fuentes