La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.

Impacto de la medida de fuerza

Las consecuencias del paro se hicieron sentir de inmediato. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, según alertó el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales a través de las cuales se distribuye nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.

Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.

Infobae