En la práctica, según la versión de la Cámara empresaria, la situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca, porque, en dicho complejo portuario, “delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”.

“Aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable (enmarcada en el régimen 24×365 según el art. 24 del CCT 639/2011) que garantiza la fluidez del comercio exterior y refuerza de manera significativa el salario del trabajador. Asimismo, la negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores desarticula la logística de recepción”, interpretó la CPPC.

Y añadió: “Como consecuencia directa de estas medidas encubiertas de fuerza, ya se registran más de 400 camiones varados y gravemente demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, generando un severo impacto en el transporte terrestre, el flujo agroindustrial y los compromisos de exportación de granos del país”.

La propuesta salarial en los puertos

Además, la CPPC insistió en que su propuesta salarial es superadora incluso de los índices oficiales de inflación.

“Respecto del conflicto salarial, la Cámara reitera que en la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria ha presentado una oferta económica superadora y por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), (enero-diciembre de 2026) del 31,99%, cifra que supera la inflación anual proyectada por el Gobierno Nacional y los organismos técnicos (30,20%) y el otorgamiento de una suma extraordinaria (equivalente a $359.095 para la 3ª categoría y proporcional para las restantes), ofreciendo su cancelación acelerada en tan solo dos cuotas consecutivas a partir de agosto”, repasó la entidad.

En ese sentido, se quejó de que “a pesar del esfuerzo del sector privado por resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, la entidad gremial ha optado por desatender la intimación oficial a prestar servicios en forma normal y habitual”.

Desde el gremio no emitieron opinión en esta oportunidad.

Hace una semana, cuando se dictó la conciliación, subrayó que “el reclamo sigue intacto”, porque “lo que perdimos en mayo, junio, julio y agosto no está saldado, y la actividad sigue en niveles récord”.

“Vamos a esta instancia con la misma firmeza de siempre. Si al cabo de los 15 días la Cámara no recompone, la medida vuelve a estar sobre la mesa”, completó Urgara.

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