El segundo punto es el artículo 184 bis, con penas de 2 a 8 años de prisión y multa de 3 a 12 veces el valor del daño para quien destruya, inutilice o dañe elementos que afecten “de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”. Entre ellos se enumeran los cereales no cosechados, los silobolsas, el ganado y la leña.
La misma pena rige para quien dañe las instalaciones destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua, y la pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. El tercero es el artículo 209, sobre instigación pública a cometer un delito, que hoy prevé de 2 a 6 años y subiría un tercio si la instigación se hace por medios masivos, redes sociales o plataformas digitales.
El proyecto ya había recibido un respaldo contundente del sector el 25 de agosto, cuando la comisión de Agricultura escuchó a representantes de la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA, Coninagro, CARBAP, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y Barbechando.
Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria, dijo que la norma “nos traería tranquilidad, previsibilidad” y recordó que “detrás de una tanquera de un campo, de un alambrado, hay no solo producción, sino familias que viven ahí”. César Guatti, de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, advirtió que el ingreso no autorizado a un campo “puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, o un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar”. Y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, afirmó que los establecimientos en lugares recónditos “necesitan tener las mismas garantías que cualquier persona que habita, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires”.
Del lado político, la respuesta fue igual de amplia. Ardohain contó entonces que todos los bloques se habían expresado a favor “sin bandera política”. La oficialista Belén Avico aseguró que “romper un silobolsa, quemar un lote o sabotear una herramienta de trabajo no es una contravención menor, ni una manifestación, es un delito grave contra la propiedad privada y la producción nacional”. La santafesina Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, calificó la iniciativa de “muy positiva, muy bueno”. Y Luis Basterra, de Unión por la Patria, recordó que en 2024 hubo dictamen de comisión de un proyecto de Gutiérrez y sostuvo que el texto actual “difiere muy poco” de aquel.
La discusión tiene una larga historia. En 2020, en plena ola de ataques a silobolsas, Sergio Massa presentó un proyecto para incorporar un artículo 184 bis sobre vandalismo rural, que nunca tuvo dictamen y quedó cajoneado en Legislación Penal. Hace casi un año, CRA volvió a poner el tema sobre la mesa con un proyecto propio.
Ahora el expediente queda a la espera de que se fije una sesión en Diputados, después de cumplido el plazo habitual de observaciones del dictamen. Según plantean las fuentes parlamentarias, todo apunta que el debate comience el próximo 21 de octubre. Si el recinto lo aprueba, el proyecto pasa al Senado, donde deberá repetir el recorrido por comisiones antes de convertirse en ley.
Bichos de Campo