Las cifras dan cuenta de ese escenario: para la campaña agrícola 2025/26 se prevé que el gasto y la inversión por US$24.600 millones de dólares, según un cálculo realizado por el productor Néstor Roulet. “Durante las dos campañas de Javier Milei, el agro habrá invertido US$50.000 millones, frente a los cinco compromisos aprobados de US$9000 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI), que además reciben beneficios fiscales por tres décadas, deducción impuestos a las ganancias, devolución de IVA, amortización acelerada de bienes. La diferencia es notoria”, remarcó en el informe.

No se trata de enfrentar a un sector económico con otro: esa es la trampa argumentativa que el campo padeció durante varias décadas cada vez que se lo quiso colocar en la vereda opuesta a la industria para, precisamente, sacarle recursos. Pero sí vale la pena mostrar el contraste cuando el agro sigue siendo colocado en segundo lugar en la agenda de las decisiones económicas. En los últimos días hubo otro ejemplo de que hay sectores con mayor respaldo oficial que otros: se anunció que la minería tendrá Derechos de Exportación (DEX) cero.

En el agro se valoró la confirmación de reducción de los DEX para los granos gruesos que dispuso el gobierno de Javier Milei. Le da una perspectiva diferente a la próxima campaña agrícola de la que se planteaba con las alícuotas vigentes a enero pasado. Pero todavía la presión tributaria es elevada, especialmente en cultivos como la soja.

Y no solo es el Poder Ejecutivo el que tiene vaivenes, el Congreso no contribuye a dar certezas a la producción. La derogación del DNU 340/2025 sobre el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional” que desregulaba el tráfico de cabotaje mereció el alerta por parte de entidades vinculadas con el agro. La preminencia del camión como modo de transporte por sobre otros medios más eficientes como el fluvial y el marítimo no hace otra cosa que dejar en evidencia que el supuesto proteccionismo de los intereses nacionales ahogó a la producción.

Al respecto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales recordó que el DNU otorga un “beneficio de miles de productores de todo el país, potenciando el uso de ríos y mares, rutas naturales que no requieren grandes inversiones públicas”. Y, a su vez, “se le daba alternativas a los exportadores e importadores de la utilización de diferentes vías de transporte”.

Las empresas portuarias recordaron que “el camión en largas distancias tiene un costo que es el doble del transporte por agua”. Una verdad conocida para cualquiera que se vincule con la producción, pero acaso ignorada por los legisladores que andan en los aviones sin pagar los pasajes de sus bolsillos como los ciudadanos comunes. Está bien exigirle al Poder Ejecutivo que trabaje en favor de la producción, pero con diputados y senadores que están en otra frecuencia es difícil lograr un despegue de la competitividad.

Campo – La Nación – Cristian Mira