La situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria suma un nuevo capítulo de incertidumbre. En las últimas horas, los trabajadores del instituto encabezados por el secretario general de APINTA Mario Romero, denunciaron ante la justicia a Luis Caputo, ministro de Economía, por “pasar a disponibilidad” a más de 300 empleados de organismos estatales, pese a que tenía estrictas órdenes de la justicia de no hacerlo.

Esta denuncia fue radicada ayer por la mañana ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que depende del Ministerio Público Fiscal, está firmada por Mario Romero y tiene como destinatario a Caputo.

El argumento de la denuncia radica en “desobediencia a orden judicial 239 CP de Luis Caputo”. Lo que atribuyen los trabajadores del INTA es a la imposibilidad de hacer cambios en el organismo, debido a una medida cautelar de la justicia.

El 20 de agosto, en la causa FSM 33664/2025, en la que organismos arremetieron contra el Poder Ejecutivo, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín ordenó al Ejecutivo que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, arts. 59 a 69 incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas INTA.

El repunte que muestra la ganadería en distintos indicadores productivos y de mercado empieza a encontrar un freno en el frente financiero.

“Basándonos en las estadísticas del Banco Central (BCRA), se observa un incremento marcado en el nivel de endeudamiento de las empresas del sector, acompañado por un aumento en el costo del crédito”, sostienen en un informe redactado por el Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Al 30 de junio de este año, los préstamos bancarios otorgados a criadores de ganado bovino —excepto cabañas— alcanzaban un equivalente a U$S 1.048 millones, un 23% más que en diciembre y casi el doble que en junio de 2024, cuando se ubicaban en USD 564 millones.

El crecimiento se concentró en el financiamiento en moneda extranjera: en un año, los pasivos pasaron de U$S 126 millones a U$S 307 millones, lo que representa un salto del 144%. Así, la participación de los créditos en dólares dentro del total subió del 22% al 29%.

A los 44 años, Victoria Coll Aráoz no se define solo como científica ni solo como emprendedora. Su historia es la de una mujer que pasó de los laboratorios del Conicet a liderar una empresa agrotech con base en dos hemisferios.

"Estaba muy enojada con el sistema, muy cansada de luchar contra la falta de financiamiento, de la falta de transparencia en las evaluaciones y de la falta de justicia laboral dentro de Conicet", explica en diálogo con InfoTechnology. "Fui madurando la decisión y fundar la startup fue la excusa para dejarlo".

Salteña, Coll Aráoz estudió Botánica y luego hizo un doctorado en química analítica en la Universidad Nacional de Tucumán. Después vino un posdoctorado en ecotoxicología y, más tarde, la beca Fulbright que la llevó a Florida, a trabajar en el Agriculture Research Service.

Allí, en campos citrícolas, probó algo que cambiaría su rumbo: "Por primera vez vi que la tecnología funcionaba en campo y que podía evitar el contagio en nuevas plantas". Descubrió que era posible manipular el comportamiento de plagas mediante compuestos químicos que emiten las plantas.