El Gobierno Nacional avanza en una estrategia para fortalecer el desarrollo del riego agropecuario a través de un paquete de medidas fiscales y financieras que buscan reducir costos, incentivar inversiones y mejorar la eficiencia productiva en el sector.

En ese marco, la reciente sanción de la Ley 27.802/2026 introdujo modificaciones clave que impactan directamente en la estructura de costos de los productores.

Entre los principales cambios se destaca la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el consumo de energía eléctrica destinada al riego, que pasó del 27% al 10,5%. La medida, contemplada en el artículo 189 de la norma, representa un alivio significativo en uno de los insumos más relevantes para los sistemas de riego intensivo.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca señalaron que esta decisión apunta a fortalecer una actividad considerada estratégica para la estabilidad de la producción agropecuaria, especialmente en contextos de creciente variabilidad climática.

El acceso a sistemas de riego eficientes permite reducir la dependencia de las precipitaciones, mejorar los rindes y asegurar mayor previsibilidad en los ciclos productivos.

En ese sentido, la disminución del costo energético se traduce en una mejora directa en la rentabilidad de los establecimientos que incorporan esta tecnología.