“¿Vamos a ser capaces esta vez de aprovechar la oportunidad? ¿Somos competitivos para hacerlo?”

Esas son las primeras preguntas que se le vienen a la cabeza al presidente de la Cámara Argentina del Feedlot, Fernando Storni, cuando piensa en la supuesta promesa que trae bajo la manga este “boom” ganadero: la chance de, una vez por todas, dejar atrás los déficits estructurales, crecer en stock y alimentar al mundo con nuestra carne.

Por ahora, son sólo pronósticos que plantean un dilema que divide aguas en el sector. Por un lado, están quienes piensan que son los buenos precios y la mejora en la rentabilidad los que, de por sí, impulsarán las tan demoradas inversiones estructurales. Por el otro, quienes auguran que, si no hay políticas productivas sectoriales, este buen momento pasará como otros tantos.

Storni, que representa al sector hoy responsable del 40% de la faena nacional y de prácticamente todo el abastecimiento del consumo interno, está más de acuerdo con la primera posición, aunque con sus matices.

Como actores muy consolidados en la cadena, los feedloteros saben bien que los buenos precios no equivalen siempre a buena rentabilidad y, menos aún, a condiciones adecuadas para invertir.

Por Ramiro Olivera.

Como todo año que se va, llega el momento de los balances de lo hecho y las perspectivas de lo que vendrá. El agro no es la excepción a esta instancia, en un contexto donde en el sector crecen las expectativas por la mayor apertura de nuevos mercados de exportación y una paulatina baja de la presión impositiva. En este escenario, sin duda que la incorporación de nuevas tecnologías, algo que en los últimos años tuvo una aceleración, será clave para que el sector pueda potenciar su producción y aprovechar al máximo este clima favorable.

En 2025 se vio cómo la inteligencia artificial (IA) empezó a pasar de la teoría a la práctica dentro del agro. Después de varios años de expectativas, el sector volvió a poner el foco en lo que realmente importa: qué tecnologías generan valor concreto y comprobable en el campo. El agro sigue siendo un negocio de alto riesgo, donde nada se adopta solo por novedad. En ese contexto, crecieron las soluciones orientadas a entender mejor el ambiente, integrar datos complejos y reducir la incertidumbre en decisiones clave de desarrollo y producción.

Si bien no hubo grandes disrupciones a nivel tecnológico, el 2025 estuvo marcado por los avances firmes y bien fundamentados. Empezaron a consolidarse tecnologías que permiten acelerar procesos estructurales, sin romper con la lógica productiva ni con la experiencia agronómica. Entre ellas, se destacan los ensayos virtuales y los modelos computacionales, que permiten evaluar escenarios antes de llevarlos a campo. Todavía son herramientas en construcción, pero ya muestran un impacto claro en tiempos de desarrollo, eficiencia y calidad de la información.

Dentro del menú de reformas que el gobierno baraja para los próximos meses, la avanzada sobre la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras, es una de las que se ubica al tope de la lista.

Si bien el DNU 70/2023 definió, en su artículo 154, la derogación de esta normativa aprobada en 2011, un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), en enero de 2024, la frenó. Casi dos años después, el tema reflotó y volvió a ser incluido como parte de los ejes del Consejo de Mayo, según dio cuenta el vocero Manuel Adorni, a comienzos de diciembre.

Esto fue lo que motivó la creación de un Observatorio de Tierras, en el que participan investigadores de distintos espacios como el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). Su corolario fue la reciente publicación de un mapa interactivo, que analiza el fenómeno de la extranjerización de tierras en el país, discriminado por provincia y departamento.

“Esto no hay que verlo desde una perspectiva ideológica sino desde una cuestión de defensa de capacidades nacionales del Estado. No hay que pensar si queremos que haya o no tierras en manos de extranjeros, sino si el Estado tiene poder para medir, controlar y registrar eso. No es una cuestión nacional o provincial, sino un conflicto por los recursos naturales valiosos que hay en departamentos específicos”, indicó a Bichos de Campo la socióloga y becaria del Conicet, Julieta Caggiano, especializada en investigaciones sobre tierras en Argentina.