Representantes de las grandes, mediadas y pequeñas empresas elaboradoras de biodiésel solicitaron a los senadores que traten un proyecto para actualizar la actual norma de biocombustibles (Ley 27.640).

Frente a la inminente implosión del sector dedicado a producir biodiésel destinado al mercado interno y la virtual paralización de la producción en las plantas del biocombustible gestionadas por industrias aceiteras, ambos sectores este martes solicitaron que se apruebe cuanto antes una nueva legislación en la materia.

El ámbito en cuestión fue la Comisión de Industria y Comercio del Senado, presidida por Marcelo Lewandowski (Frente Nacional y Popular), quien recibió a representantes de ambos sectores, los cuales, si bien coinciden en la necesidad de actualizar la normativa, mantienen diferencias sobre el modelo por implementar.

Mientras que las aceiteras que elaboran biodiésel plantean la necesidad de desregular completamente el mercado para que el corte obligatorio del biocombustible con gasoil se cumpla a partir de licitaciones públicas que garanticen precios competitivos, las empresas no integradas (que deben comprar aceite de soja para elaborar el biodiésel) quieren que la nueva norma les asegure una porción de mercado que garantice su existencia.

La ganadería entrerriana atraviesa un problema sanitario que amenaza con volverse mucho más grave si no se actúa a tiempo. Al igual que en Corrientes, la expansión de la garrapata bovina en el norte y centro de la provincia enciende alarmas.

Un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto al Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina calculó que las pérdidas económicas anuales podrían rondar los 94,5 millones de dólares, mientras que erradicar la enfermedad costaría alrededor de 35 millones.

La magnitud del daño se entiende mejor si se traduce en equivalencias productivas. El valor de esas pérdidas es similar a 97.111 vaquillonas con garantía de preñez, lo que representa el 40% del stock total provincial de vientres jóvenes.

El golpe no es solo para los productores individuales sino también para la economía entrerriana. El trabajo estima que el impacto sobre el Producto Bruto Geográfico podría alcanzar al 7% del valor agregado del sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.

El Gobierno “autorizó por equivalencia” el ingreso de vacunas del exterior contra la fiebre aftosa. Lo hizo vía dos resoluciones del Senasa publicadas hoy en el Boletín Oficial que exceptuaron a las dosis del cumplimiento de requisitos históricos locales de habilitación y posibilitará que el control de series comerciales se realice en los países de origen bajo estándares internacionales. Esta flexibilización del esquema regulatorio se da después de que se acelerara meses atrás la aprobación de las importaciones de biológicos desde países de la región. En el medio, se generó tensión entre laboratorios de la industria. El ministro Federico Sturzenegger festejó la decisión y aclaró que estuvo él mismo “involucrado” en el proceso.

La resolución 749/2025, firmada por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, modificó la histórica resolución 609/2017 y le incorporó el artículo 57 bis que exceptúa a las vacunas antiaftosa de cumplir con los requisitos de habilitación local, siempre que ingresen bajo el procedimiento de equivalencia creado en 2025. Las cámaras que representan a los laboratorios nacionales desistieron de hacer comentarios al respecto.

“Autorización por equivalencia. Excepciones. Quedan exceptuados de los requisitos establecidos en el artículo precedente los antígenos y las vacunas contra Fiebre Aftosa que estén encuadrados en el proceso de autorización por equivalencia establecido mediante las Resoluciones Nros. Resolución 333/25; Resolución 338/25 y 525/25″, destaca.