“Hasta el momento recibimos 523 adhesiones. Si nosotros tenemos esta cantidad de adhesiones en solo dos o tres días, es una señal significativa de que hay un malestar muy grande entres productores mayoritariamente de cría”, informó Carlos Baravalle, el pequeño ganadero de Córdoba que se ha declarado en rebeldía frente al nuevo sistema de caravanas electrónicas que quiere imponer el gobierno de Javier Milei al sector a partir de 2026.

Los datos facilitados a Bichos de Campo por Baravalle, que pertenece a la agrupación Bases Federadas, desde donde se puso en marcha esta campaña de adhesiones en contra de la obligatoriedad de la trazabilidad individual de los bovinos, son del sábado a la mañana, y entonces bien pueden haber crecido. De hecho, es llamativo que otros sectores de productos autoconvocados, que parecen estar en las antípodas ideológicas de los ex federados, se han sumado a esta recolección de firmas. Lo que los une es el malestar frente a una imposición que parece no servir para demasiado a los propios ganaderos que deberán pagar 1,70 dólares para poder poner los chips electrónicos a cada ternero que nazca desde el próximo año. Como son unos 15 millones de terneros, se trata de un gasto adicional de más de 25 millones de dólares anuales.

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva para detener “la fijación de precios, las conductas anticompetitivas y la influencia extranjera que aumentan los precios de los alimentos y amenazan la seguridad del suministro de alimentos en Estados Unidos”.

La medida ordena al Fiscal General y al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) conformar –cada uno por su parte– un “Grupo de Trabajo para la Seguridad de la Cadena de Suministro de Alimentos” orientado a investigar probables prácticas anticompetitivas en el sector alimentario.

“Ambos grupos de trabajo están facultados para emprender acciones legales y proponer nuevas normas para detener las prácticas anticompetitivas y restablecer la competencia. Se ordena al Fiscal General que inicie procedimientos penales, incluyendo investigaciones ante un gran jurado, si se descubren pruebas de colusión criminal”, señala un comunicado de la Casa Blanca.

El texto asegura que, en los últimos años, importantes actores de la cadena de suministro de alimentos de EE.UU. han pagado decenas de millones para resolver demandas por fijación de precios.

Aunque el propio Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) advierte que no es del todo correcta la comparación, por cuanto la composición de la leche no es la misma acá que en Nueva Zelandia o Europa, de la comparación de precios de la leche cruda en todos los países productores surge que Argentina tiene la leche más barata a nivel del productor. Esto, claro, no quiere decir que los consumidores paguen por los lácteos más baratos, sino que son los tambos los que cobran menos.

Esta extraña posición en un ránking internacional (“la leche más barata”), sin embargo, responde más a los problemas domésticos con el tipo de cambio que a cualquier otra razón estructural.

De hecho, marca el OCLA que en octubre de 2024 en la Argentina el litro de leche cruda se pagaba a los tamberos a 44 centavos de dólares, pero que ahora descendió a un rango más normal de 33 centavos, es decir el 25%. En medio de esa tan fuerte baja no hubo un aluvión de leche que desplomó los valores ni nada por el estilo. Lo que pasó sobre todo es que se corrigió fuerte el tipo de cambio.

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65%, en línea con la tendencia alcista observada desde julio.

Luego de un primer semestre de variaciones moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse en la segunda parte del año, con aumentos de 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.

En noviembre, el ICT volvió a escalar impulsado principalmente por el fuerte incremento del combustible, que registró su suba más alta del año: 7,3%.

Con este resultado, el ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la variación interanual asciende a 36,3%, superando en más de 8 puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%), indica el informe.

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide once rubros que impactan directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la definición y actualización de tarifas en el sector.

Por Lisandro Sigifredo.

En los últimos años, es frecuente la consulta sobre la conveniencia de transformar una empresa agropecuaria unipersonal en una sociedad como una SRL o un SA. Este análisis resulta fundamental para quienes buscan optimizar la estructura fiscal y administrativa de su negocio. Al comparar las alternativas más comunes surgen diferencias relevantes:

• Las sociedades tributan el impuesto a las ganancias con una escala de alícuotas del 25% al 35%, mientras que las empresas unipersonales aplican tasas del 8% al 35%. Sin embargo, el umbral para alcanzar la alícuota máxima es mucho menor en las empresas unipersonales. Por ejemplo, ante una ganancia de 1500 millones de pesos, la empresa unipersonal pagaría una tasa efectiva del 34,6%, mientras que la sociedad abonaría un 31,3%, generando un ahorro aproximado de 50 millones. No obstante, si las utilidades de la sociedad se distribuyen totalmente, el impuesto a los dividendos (7%) elimina esa ventaja. Por ello, la sociedad resulta más conveniente cuando se reinvierte una parte significativa de las utilidades.