El Gobierno dio por terminada la baja temporal de retenciones a la soja. Así, el poroto vuelve a tributar una alícuota del 33% y sus derivados del 31%. Los precios bajaron de forma inmediata y en la industria anticipan que se van a frenar las ventas. Salvo por las declaraciones pendientes de liquidación, esperan un menor flujo de divisas hasta noviembre, aunque no descartan que Economía en algún momento vuelva a conceder otra reducción. Quedan sin vender unos u$s15.000 millones en granos.

Como habían anticipado el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, la baja temporal de retenciones al maíz, la soja y sus derivados terminó en junio. El equipo económico tomó la decisión de extender el beneficio solo para el trigo y la cebada, pensando sobre todo en las perspectivas de siembra del productor de cara a la próxima cosecha.

La explicación que extendió el Gobierno al sector es que la medida no pudo sostenerse por el costo fiscal. El consultor agropecuario Javier Preciado Patiño, estima que se dejaron de recaudar alrededor de u$s800 millones desde febrero. Aunque hacia adelante con un menor precio podrían detenerse las ventas y también impactar negativamente a las cuentas fiscales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno se encuentra “terminando de definir el decreto” con el cual se reformará el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y confirmó que al ente se le va a “sacar” la autarquía para “ordenarlo” desde la Secretaría de Agricultura. En tanto, sobre el reclamo del campo por las retenciones, apuntó que se busca “generar un superávit” para “bajar impuestos”, entre ellos los derechos de exportación (DEX).

Así lo expresó el funcionario a LA NACION al visitar Caminos y Sabores, la feria de alimentos y gastronomía organizada por Exponenciar que comenzó ayer y finalizará el próximo domingo en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En esta edición participan 550 expositores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Hay, según los organizadores, 135 que son nuevos o regresan después de unos años.

“Estamos terminando de definir el decreto; lo que se busca, fundamentalmente, es concentrar la administración en la Secretaría de Agricultura para reducir el costo de administración y para ordenarlo. No se pretende, de ninguna manera, afectar la función que tiene el INTA ni a sus profesionales, pero sí ordenarlo un poco”, señaló. Luego amplió: “Fundamentalmente la idea es reorganizarlo, sacar la autarquía que tiene para que se maneje mucho más organizadamente y que siga funcionando como actualmente”.

“Lo bueno y breve, dos veces bueno”, es un refrán popular del que la Federación Agraria Argentina (FAA) hizo gala en las últimas horas.

Bastaron solo 160 palabras de un escueto comunicado para que la entidad que preside Andrea Sarnari realizara un crudo diagnóstico de la situación que atraviesa el campo y que puede resumirse en una de las frases del documento: “ausencia de políticas agropecuarias virtuosas”.

Así lo manifestó luego de que su Consejo Directivo Central (CDC) sesionara en Rosario y, durante la reunión, directores de todo el país expresaran su malestar y gran preocupación por la realidad que les toca atravesar a los pequeños y medianos productores.

“Las políticas agropecuarias dejan fuera de la cancha a los productores de pequeña y mediana escala”, señaló la FAA en el título del comunicado, donde precisó luego que “la asfixiante presión impositiva, la ausencia de políticas agropecuarias virtuosas que promuevan la producción de los pequeños y medianos chacareros, y la poca o nula rentabilidad que existe en el sector”, son los problemas que inquietan a sus asociados.

Luego de que el 15 de agosto de 2023 la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunciara a los principales exportadores de granos y subproductos y a la cámara que agrupa a esas empresas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por supuestas conductas “anticompetitivas” en contra de los productores, el organismo desestimó dicha acusación. La denuncia fue realizada cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en el gobierno de Alberto Fernández, puso en marcha los distintos programas de dólares soja. La denuncia abarcaba el período 2020-2023 y señalaba como indicios las diferencias entre precios FOB internacionales y los registrados en el sistema SIO-Granos, así como el comportamiento durante programas estatales.

Entre los fundamentos, la CNDC dijo que la investigación condujo a que no existen condiciones estructurales ni evidencias de cartelización en el mercado granario argentino. Los principales argumentos del dictamen fueron: alta atomización del mercado, existen más de 500 empresas exportadoras, 180 molinos harineros, 2151 plantas de acopio y numerosas cooperativas, rotación en el ranking de exportadores sin estabilidad en el liderazgo, con empresas que encabezan las exportaciones que un año pierden participación al siguiente, lo que evidencia una competencia dinámica.

Cada dos meses, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral elabora su índice de confianza Ag Barometer Austral: se trata de una medición elaborada en base a una encuesta a más de 400 productores argentinos y que sirve para tener un termómetro de cómo está su ánimo inversor.

La última edición, correspondiente a mayo-junio, no trae buenas noticias para un Gobierno que cree tener en el campo a uno de sus principales aliados: la mayoría de los indicadores que se consideran en este relevamiento se deterioraron, producto fundamentalmente de la “falta de reglas de juego claras”, según resumió Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

Entre otros aspectos, lógicamente la no continuidad de la rebaja de retenciones es uno de los tantos que ha hecho mella en la confianza del productor y, por ende, en su opinión sobre si es o no un buen momento para invertir.

En concreto, el índice de confianza Ag Barometer Austral registró una caída del 5% respecto de marzo, pasando de 137 a 130 puntos.

Mientras avanza la cosecha de maíz en la provincia, uno de los tres granos que aún quedan por levantar, las estimaciones de producción de los cultivos estivales van definiendo su número final.

Con 44% del área maicera recolectada, 53% de la de maní, 70% de la de sorgo, y con la de soja y de girasol ya cosechados, la producción 2024/2025 de los denominados “granos estivales” llegaría a 32,835 millones de toneladas, según la última estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).

En relación con la campaña anterior, cuando los cinco cultivos aportaron 31,609 millones de toneladas, representa un aumento del 3,87%.

La campaña muestra una mayor producción de soja, y una menor de maíz, a raíz de la decisión de los productores de reducir el área sembrada con el cereal como consecuencia del impacto de la chicharrita en el ciclo agrícola anterior.

No obstante, el cereal sigue siendo el cultivo que más volumen aporta en la provincia, como viene ocurriendo en los últimos años.

Para esta campaña, la soja aportaría 15,24 millones de toneladas, 26% más que en la campaña anterior; el maíz, 16.032 millones de toneladas, 12% menos con relación al ciclo 2023/2024; el maní, 809 mil toneladas, 14% más; el sorgo 460 mil toneladas, 37% más y el girasol 291 mil toneladas, 33% más.

Después de intensas negociaciones y aprobaciones de importantes mercados, la última en China, ya está en marcha el acuerdo de fusión entre Bunge y Viterra por US$18.000 millones. Se trata de uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector agroindustrial en la última década. Hace dos años, ambas multinacionales habían comenzado los trámites regulatorios y tratados por el traspaso de la transacción de acciones y efectivo para finalizar la operación. La compañía combinada se posiciona como una líder global en soluciones agroindustriales integradas con un valor de US$34.000 millones.

Según los términos del acuerdo que informaron ambas compañías y aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de Bunge y Viterra, los accionistas de Viterra recibirán aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge, con un valor agregado de aproximadamente 6200 millones de dólares, y aproximadamente 2000 millones de dólares en efectivo, lo que representa una contraprestación de aproximadamente el 75% en acciones de Bunge y el 25% en efectivo. Los accionistas de Viterra tendrán el 30% de las acciones de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Bunge un 70%.

Dos de las principales empresas exportadoras de granos y derivados de la Argentina, la multinacional Viterra y su par Bunge, ratificaron este jueves el acuerdo de integración que anunciaron hace varios meses, aunque aclararon que mantendrán “por separado” sus marcas y operaciones en el país.

En una carta que Viterra envió a sus clientes, tras la noticia de la aprobación de la fusión en China y otros países claves para las futuras operaciones conjuntas de este nuevo coloso del comercio de granos, se aclaró que “en Argentina, el proceso de integración aún avanza conforme a los procedimientos y regulaciones establecidos localmente”.

“Por lo tanto, Bunge Argentina y Viterra Argentina continuarán operando como empresas independientes hasta que finalice dicho proceso”, se enfatizó.

La empresa Bioceres SA, fundada por un grupo de productores en plena crisis argentina de 2001, mientras caída el gobierno de Fernando de la Rúa, incumplió el pago de varios pagarés bursátiles y se sumó a una lista cada vez más grande de empresas agrícolas argentinas con graves problemas financieros. Pero, curiosamente, el grupo Bioceres Holding, que surgió de esta firma y se expandió internacionalmente al punto de cotizar en Nueva York, desmiente haber tomado esta decisión, pues en las últimas semanas sufrió una fuerte escisión.

Según anticipó el sitio financiero Bloomberg Linea, la originaria Bioceres SA se ha dejado de pagar deuda por 5,3 millones de dólares que vencían en junio, mientras que otros 2 millones tienen vencimiento próximo en el mes de julio.

Hace unos días fuentes cercanas a la compañía había anticipado a Bichos de Campo esta situación, aclarando que no afectaría a la empresa agrícola de origen argentino que cotiza en el mercado de Nueva York, llamada ahora Bioceres PLC Group (BIOX, para los accionistas).

A Javier Milei, es evidente, le faltan muchas cosas por aprender, especialmente en el arte de la diplomacia. Quedó claro hoy cuando, en la cumbre de presidentes del Mercosur, bregó porque ese bloque comercial sea cada vez más libre y no ponga obstáculos al comercio. Debería alguien de la Cancillería haberle advertido que a Itamaraty, la Cancillería brasileña, no se le escapa nada. Y así fue porque al rato el presidente de Brasil, Lula Da Silva, retrucó pidiendo la liberalización entonces del mercado de azúcar dentro del Mercosur.

Nada más y nada menos. Seguramente Milei no tenga demasiada idea de que desde que nació el Mercosur, la Argentina aplica una excepción del arancel 0 al sector azucarero, porque de lo contrario el monstruo azucarero que habita en Brasil, principal productor y exportador mundial de ese cultivo, arrasaría en un santiamén con los cañaverales de Tucumán, Jujuy y Salta.

“El Mercosur, actualmente, tiene obstáculos que superar, como la inclusión de los sectores automotriz y azucarero en nuestra unión aduanera. Posponer esta tarea significa sacrificar el potencial estratégico del bloque en la producción de vehículos eléctricos y biocombustibles”, expresó el mandatario brasileño frente a los jefes de Estado de los países miembros, en clara respuesta a las palabras de Milei. ¿Querías libertad? ¿Empecemos por casa? Sería la traducción de la jugada de Lula.