El gigante agroindustrial, Louis Dreyfus Company (LDC), uno de los principales actores globales del comercio y procesamiento de granos y oleaginosas, anunció una inversión de aproximadamente US$400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de semillas de girasol y soja en Bahía Blanca. El proyecto se emplazará dentro del predio donde la empresa ya opera instalaciones de almacenamiento, logística y puerto de aguas profundas, y se perfila como una de las mayores inversiones agroindustriales realizadas en la Argentina en los últimos años.

La novedad fue comunicada por el CEO global de la compañía, Michael Gelchie, mediante una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que destacó que la futura instalación será “una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo” y que la decisión responde a la confianza de la empresa “en el potencial de largo plazo de la Argentina”.

“Esta inversión refleja el rol de Argentina como mercado estratégico para LDC, al combinar una sólida base de producción agrícola con capacidades industriales, logísticas y de exportación para conectar la producción local con los mercados globales”, señaló Gelchie en el texto. Además, remarcó que se trata de “una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino en la última década” y el primer desarrollo construido íntegramente desde cero por la firma en el país en ese período.

Según detalló la empresa, la nueva planta tendrá una capacidad de molienda de hasta 4000 toneladas diarias de semillas de girasol o soja, lo que permitirá incrementar la flexibilidad operativa, procesar distintos cultivos a lo largo del año y mejorar la conexión de los productores con los mercados internacionales. La construcción está prevista para comenzar hacia fin de este año.

Luego de que la semana pasada Granja Tres Arroyos anunciara el cierre por tiempo indeterminado de su planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que tiene 700 empleados, el gobierno provincial intervino en el conflicto y convocó a una audiencia de conciliación entre la empresa y los sindicatos involucrados. La reunión fue convocada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, que citó a representantes de la compañía, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y el Sindicato de la Carne. Según informaron del Ejecutivo provincial, el objetivo del encuentro es “acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto laboral vigente”. Hasta el momento no trascendieron resultados de la reunión.

En paralelo, la compañía avanzó en un proceso de reestructuración de pasivos por unos US$350 millones y en la redefinición de su esquema operativo de cara al futuro, una tarea que lleva adelante junto con la consultora Valo Columbus. De acuerdo con acreedores consultados, la propuesta, que les fue presentada, considera quitas de hasta el 75% de la deuda y plazos de pago de hasta siete años.

“El eje es resolver la deuda comercial, la financiera y la de los bancos, dividida en tres tramos: el primero es donde el acreedor cede hasta el 75% de su acreencia, el tramo dos reduce la quita 50% y solo en el tramo tres no se implementa quita alguna”, explicaron las fuentes.

En un comunicado, Granja Tres Arroyos explicó que la decisión de cierre de la planta entrerriana obedeció a “los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones y generaron un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. La compañía sostuvo, además, que la medida se tomó en un contexto económico complejo para la actividad y para la propia firma.

La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) sumó un nuevo capítulo para el sector agropecuario, ya que el Gobierno, a través de la resolución 75/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, definió qué bienes podrán acceder a los beneficios fiscales previstos por la ley sin necesidad de cumplir con los montos mínimos de inversión exigidos para la mayoría de los proyectos productivos.

Según indica la normativa elaborada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre los rubros alcanzados se encuentran los sistemas de riego, las mallas antigranizo y determinados bienes semovientes destinados a la reproducción.

Dentro de los incentivos previstos figuran mecanismos de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA vinculados a inversiones productivas realizadas en el país.

En términos generales, el acceso a estos beneficios está condicionado al cumplimiento de determinados niveles mínimos de inversión en un plazo de dos años. Sin embargo, la legislación contempló excepciones para algunas actividades consideradas estratégicas.

La resolución recuerda que “las inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, son susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada”.