Todos los pronósticos indican que el último trimestre del año verá llegar, finalmente, los “coletazos” del “Súper Niño”. La posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen en hasta un 100% hacia fin de año preocupa particularmente en la Cuenca del Salado y todo el interior bonaerense, donde temen que la postal del 2025 haya sido sólo un adelanto de la del 2026.
Entre las iniciativas, proyectos y reuniones políticas que se sucedieron en las últimas semanas, dos senadores libertarios elevaron una propuesta formal: que por 6 meses los municipios puedan disponer de los fondos que reciben por el impuesto Inmobiliario Rural para llevar a cabo obras hídricas.
Hasta el momento, esas erogaciones tienen como único destino la red de caminos rurales, y piden ampliar su ámbito de acción.
Los senadores bonaerenses de Unión y Libertad, Sergio Vargas y Silvana Ventura, acaban de presentar un proyecto en la legislatura que pide formalmente autorizar a los municipios “a disponer y aplicar, de manera indistinta, hasta el 100% de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural derivados del Impuesto Inmobiliario Rural a la ejecución de obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico”.
La provincia de Santa Fe reafirma su posición como uno de los principales polos de la cadena porcina argentina, con una participación cercana al 18% tanto en la faena como en la producción nacional. El sector se encuentra atravesando un proceso de transformación marcado por una mayor escala productiva, inversiones en tecnología y mejoras en genética, bioseguridad y climatización.
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), basados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, Santa Fe contaba al 31 de julio de 2026 con 840.872 cabezas de ganado porcino, equivalentes al 15,6% del stock nacional.
La provincia dispone además de unas 2.534 unidades productivas activas, que representan el 3,8% del total nacional. En los últimos años se observa una tendencia hacia establecimientos de mayor escala, con un incremento en la cantidad promedio de madres por unidad productiva y una incorporación creciente de tecnología.
En paralelo, disminuye la cantidad de pequeños establecimientos no integrados que caracterizaron históricamente a la actividad.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) volvió a reclamar que los municipios y las comunas de Córdoba dejen de cobrar una tasa por el visado y conformado de las guías para trasladar animales.
La entidad pidió que la Legislatura provincial avance con dos proyectos destinados a prohibir esa percepción y que se les permita la participación en los debates para defender a los productores rurales.
Bajo el título “Un tema complejo que necesita una solución única y urgente”, la organización sostuvo que numerosos gobiernos locales cobran por intervenir en un trámite que actualmente se concentra en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“Cobran, pero no prestan servicio alguno”, menciona el documento presentado por la asociación.
La entidad reconoció que la situación presenta diferencias entre localidades. En algunos casos, incluso participan sociedades rurales no afiliadas a Cartez que comparten con los gobiernos locales parte de los fondos recaudados.
Sin embargo, consideran que esas particularidades no deben utilizarse para demorar una respuesta. “Esa complejidad, sin embargo, no puede servir de excusa para postergar una solución que ya es urgente”, señalaron.