Días atrás, un grupo de diputados nacionales, encabezados por Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, denunciaron que el gobierno tiene retenidos más de 1,1 billones de pesos que deberían ser destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. El cálculo se desprende de las erogaciones del impuesto a los combustibles y el dióxido de carbono, que alimentan un fideicomiso con fondos hasta ahora subejecutados.

A raíz de ello, la diputada bonaerense por la UCR Silvina Vaccarezza se hizo eco del reclamo para motivar acciones específicas desde la gobernación y bajó las cifras a casos concretos: si todo ese dinero se destinara a la red vial, señala, se podrían haber ejecutado obras por alrededor de 662 kilómetros de rutas.

El caso vuelve a apuntar los reflectores sobre el sustento del equilibrio fiscal y el impacto productivo y humanitario de no llevar adelante obras clave, y evoca además el recuerdo reciente de las inundaciones en plena zona núcleo. “Esto es lo mismo que ocurrió con el fondo hídrico, que estaba puesto en plazos fijos y Lecaps mientras los campos estaban bajo agua”, afirma la legisladora por la cuarta sección electoral en diálogo con Bichos de Campo.

Casi un año después, el título es similar: “El ministerio de Economía tiene congelados fondos clave para el sector productivo”. En este caso, se trata de los provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, un tributo que aumentó notablemente desde 2023 pero que, aún así, no se destina en parte a donde debería.

A partir de una falta de acuerdo entre los distintos actores del transporte de cargas para solucionar un conflicto que viene desde la semana pasada, las bolsas de cereales y entidades del sector decidieron solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la circulación hacia los puertos. En las rutas aseguran que el entendimiento está lejos de cerrar la crisis, ya que la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac) y los autoconvocados mantienen las protestas en distintos puntos del país. El principal detonante de la protesta que se ha realizado en más de 50 puntos del país, responde al incremento del costo del gasoil, que en los últimos meses deterioró de manera significativa la ecuación económica de los fletes.

A través de un comunicado, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del puerto local, junto a numerosas entidades agroindustriales, entre ellas Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carbap y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), informaron que se alcanzó un “acuerdo parcial” en el conflicto. Hay enojo en el sector de quienes protestan porque la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) avaló un 14% de suba en las tarifas del transporte de cereales, oleaginosas y subproductos para enero 2026. Los transportistas movilizados reclaman al menos un 30%.

El sector ganadero argentino está en vilo por el Scrapie. Se trata de una poco conocida enfermedad que apareció en Santa Fe y Entre Ríos, y generó tres brotes en ovinos confirmados por Senasa.

De acuerdo con lo que pudo averiguar Bichos de Campo, fueron tres las cabañas argentinas que ingresaron animales desde la cabaña paraguaya Doña Ana, hace cuatro años. Dos de ellas se encuentran en Santa Fe, más precisamente en las localidades de Reconquista y Tacural, y una en Entre Ríos, en la zona de Herrera.

Desde el vecino país podría haber ingresado esta enfermedad neurodegenerativa, también conocida como tembladera o prurigo lumbar, que ataca a ciertos rumiantes.

Debido a esta detección, Argentina perdió el estatus sanitario de país libre de Scrapie, lo que genera el cierre preventivo de las exportaciones. Actualmente, el Senasa, producto de esta situación, no está emitiendo certificados para exportar a distintos países, como medida preventiva mientras avanza en negociaciones con los países de destino. Un exportador de leche en polvo a Argelia anunció que no puede realizar el envío producto de esta situación.

El Senasa es el gran ausente de esta historia. Al intentar obtener precisiones sobre los brotes y el freno a las exportaciones, el organismo no dio respuestas claras. No reconoce públicamente que las ventas están paradas, pero al mismo tiempo hizo circular extraoficialmente entre las cadenas exportadoras un listado con los negocios afectados.

La confirmación oficial de tres casos de scrapie en ovinos en la Argentina encendió una fuerte señal de alarma en toda la cadena productiva, que observa con preocupación un escenario sanitario complejo, con interrogantes abiertos y potenciales consecuencias económicas y comerciales. El sábado pasado, el Senasa confirmó resultados positivos a la enfermedad en tres ejemplares ubicados en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos que luego fueron ratificados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A partir de ese momento, comenzaron a conocerse detalles que profundizan la inquietud en el sector.

Los tres establecimientos donde se detectaron los casos son “El Luchador”, de Sergio Taffarel, en Entre Ríos; y las cabañas santafesinas Dorper Santa Fe, de Andrés Lebus, y El Tacurú, de Luciano Toldo. Taffarel habló con LA NACION y fue crítico con el accionar del Senasa. Es criador de las razas Dorper, Santa Inés y Hampshire Down.

Según fuentes de la actividad, dos de los animales afectados habían sido importados desde Paraguay en 2021 y 2022. En ese contexto, recordaron que “es obligación del productor remitir la cabeza del ejemplar importado al organismo sanitario una vez que muere para realizar el análisis correspondiente”.

Sin embargo, indicaron que las cabezas de los animales muertos en 2025 que fueran remitidas de manera inmediata, no fueron analizadas en ese momento, sino que “lo hicieron recién a fin de año por un tema de costos”, lo que retrasó la detección de la enfermedad.

En su segundo reporte semanal sobre cultivos de 2026, el USDA ajustó la proporción buena/excelente del trigo de invierno del 35 al 34%. También marcó una importante desmejora de las plantas en Kansas. En cuanto a los granos gruesos, relevó el avance de la siembra de maíz sobre el 5% del área apta y la implantación de soja sobre el 6% de la superficie estimada. Este último dato contrastó contra el 2% previsto por los operadores.

Al igual que ocurre en las principales zonas productoras de granos, el debate en torno a los costos del transporte de cargas y la actualización de las tarifas también se libra por estas horas en la Patagonia, donde, en medio de las negociaciones, las principales firmas anunciaron un cese de actividades que afecta al sector frutícola.

Así lo dispuso la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC), que nuclea a los prestadores de servicio en Neuquén y Río Negro. Desde ayer, y hasta tanto se resuelva la disputa, los transportistas no recolectan las cargas en los centros de empaque para llevarlas al puerto de San Antonio Oeste.

La sorpresiva medida, a pocas horas de que se lleve adelante otra reunión entre las partes involucradas, caldea los ánimos en el sector productivo, desde donde la tildan de “improcedente” y “extorsiva”, y aseguran que afecta notablemente a los envíos de alimentos.

“Son un puñado de empresas que manejan toda la logística del puerto. Si estamos en una negociación, ¿cómo van a parar?”, expresó, en diálogo con Bichos de Campo, el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez.

Por extensión, la medida de fuerza afecta considerablemente a ese sector productivo, que por estas horas no puede enviar ni sus empaques ni los contenedores con fruta al puerto rionegrino. También los toma por sorpresa, a sabiendas de que es un eslabón con el que tienen un diálogo fluido.

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

Ese escenario se instalará en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda de alimentos, lo que podría beneficiar a la Argentina como un proveedor de materia prima alejado del epicentro de los conflictos bélicos.

El informe de la BCR destaca que entre abril y diciembre de 2026 se proyecta un ingreso de USD 29.600 millones por las exportaciones agroindustriales.

Puntualmente, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero; USD 7.500 millones, de maíz, USD 2.200 millones de trigo, USD 2.400 millones de girasol, USD 500 millones de cebada, USD 300 millones de sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Sin embargo, el panorama no es enteramente favorable para el sector. El mismo contexto internacional que impulsa los precios de los granos también está elevando con fuerza los costos de producción. La suba del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con aumentos significativos en productos como la urea.

De cara a la próxima campaña de invierno, desde el INTA insisten en que la preparación comienza mucho antes de la siembra y que el éxito productivo depende, en considerable medida, de las decisiones que se tomen en esta etapa.

En ese sentido, remarcaron que anticiparse con información precisa sobre el estado del suelo, el nivel de agua disponible y las necesidades nutricionales del cultivo permite reducir la incertidumbre y mejorar la eficiencia en el uso de los insumos.

“Llegar a la siembra con un buen diagnóstico es fundamental para tomar decisiones acertadas y minimizar riesgos. El análisis de suelo es la herramienta básica para conocer con qué recursos contamos y qué debemos corregir o ajustar”, destacó Fernando Salvagiotti, coordinador nacional del Programa de Ecofisiología y Agroecosistemas del INTA, al tiempo que subrayó que producir sin datos concretos implica asumir costos innecesarios y resignar potencial de rendimiento.

Desde el organismo apuntan que el análisis de suelo constituye el punto de partida de cualquier planificación agronómica seria.

No solo permite determinar la disponibilidad de nutrientes, sino también detectar posibles limitantes físicas o químicas que puedan afectar el desarrollo del cultivo.

Tras la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que en uno de sus capítulos estableció una alícuota reducida de IVA para la energía utilizada en sistemas de riego agroindustrial, en el sector celebran que ya comenzaron a llegar facturas con ese beneficio aplicado. En este contexto, además, se puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que incorpora herramientas fiscales como la amortización acelerada. Con este combo, en el sector proyectan un crecimiento significativo en la superficie bajo riego, que hoy ronda los 2,1 millones de hectáreas, lo que representa entre el 5% y el 6% del área cultivada. En los últimos años se sumaron unas 35.000 hectáreas por año de riego y prevén que ese ritmo se duplique o triplique.

El cambio central pasa por la aplicación de un tratamiento impositivo diferencial sobre la energía para riego, que en la práctica reduce el IVA y baja uno de los principales costos operativos de estos sistemas. A esto se suma el RIMI, que incorpora beneficios fiscales para inversiones productivas y alcanza de manera directa a tecnologías clave para el agro, como los equipos de riego.

“Es una buena noticia para el sector”, dijo Martín Pasman, presidente en la Argentina de Valley, empresa de pivotes de riego, y productor agropecuario. Según detalló, en Río Negro ya comenzaron a ver el impacto en las boletas de luz: “Nos llegaron con 10,5% de IVA en lugar de 27%; el impacto es muy fuerte”.

La protesta de transportistas de granos autoconvocados en reclamo de un aumento de la tarifa de carga superior al 35%, que ya lleva 10 días la vera de las rutas y con retenes en algunas de ellas y en los accesos a las terminales portuarias, impacta de lleno en los puertos bonaerenses y en los productores, con pérdidas que se ubican en torno a los US$ 100 millones.

Ese es el cálculo de afectación que elaboraron desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) teniendo en cuenta los problemas de funcionamiento que están teniendo las terminales de Necochea, Quequén y Bahía Blanca, además del incremento de costos para los productores por no poder transportar su cosecha. En contraposición, los puertos del Gran Rosario trabajan con normalidad.

Dicha estimación comprende las demoras en la carga de barcos por no contar con la mercadería, las multas por los atrasos, los desvíos de buques hacia otros orígenes y los gastos que deben afrontar los agricultores por los problemas logísticos y de almacenamiento.

“Si bien es difícil poder hacer un cálculo cerrado al respecto, estimamos que hay pérdidas por US$ 100 millones desde que comenzó la protesta”, indicó a Clarín Rural el presidente de la CPPC, Luis Zubizarreta.

Según Zubizarreta, entre Bahía Blanca y Necochea, hay 8 muelles con problemas de carga, lo que implica que esa cantidad de barcos amarrados allí, los cuales tienen un costo de US$ 50.000 por día, que los tiene que abonar el exportador. A eso se suma la lista de buques que se encuentran en lista de espera.