Bioceres SA es el campo de disputa, el objetivo es el control de Biox. Así lo entienden los ex directores de la empresa que supo controlar todo el ecosistema de la compañía de biotecnología más emblemática del país hasta que pidió su propia quiebra. Ese proceso se abrió a principios de marzo en la Justicia comercial de Rosario y promete alimentar nuevos capítulos de la pelea entre la actual conducción de esa sociedad y el management histórico, desplazado en diciembre pasado. Estos fundadores sugieren, como parte de su movida, explorar “más arriba” de la fallida y buscar en la estructura de su grupo controlante, Moolec, los activos necesarios para resarcir a los acreedores.

Bioceres SA es la empresa rosarina de biotecnología creada en 2001 por un grupo de productores agropecuarios decididos a volcar parte de sus ingresos al financiamiento de emprendimientos científicos. Hasta junio del año pasado era la sociedad que controlaba un conglomerado de sociedades dedicadas fundamentalmente al desarrollo de insumos agropecuarios con características innovadoras, y que cotizaba en el panel tecnológico Nasdaq de Wall Street. Por varias circunstancias, entre las que se culpa al clima y a la macroeconomía, no les estaba yendo bien por aquellos meses.

Sus conductores decidieron avanzar con una “combinación” societaria para dar liquidez a los accionistas originales. Se trató de una reestructuración de la que surgieron dos grupos: Bioceres Cop Solutions (Biox), encabezada por el CEO histórico Federico Trucco y dueña del famoso evento transgénico Hb4, y Moolec, que pasó a ser liderada por el empresario uruguayo Juan Sartori. Era, en rigor, un viejo conocido del mundo Bioceres, ya que la había asistido en la salida a Wall Street en 2019 y, cuatro años más tarde hizo lo propio con la que era su spin off, Moolec. Con el cambio de control, entró como socio oficial.

Un informe privado da cuenta que en el gobierno de Javier Milei hoy el salario compra menos carne vacuna que durante las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hay una diferencia de unos 50 kilos o más con las gestiones de Cristina Kirchner y Macri y en torno de 20 kilos con Alberto Fernández. Quién abordó el tema es Diego Ponti, analista ganadero de AZ-Group, que hizo la evaluación con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Consideró esto en pesos constantes, ya con el ajuste por la inflación. El trabajo también analizó que, luego de una racha alcista, el precio de la hacienda habría alcanzado un nivel de “estabilización”, aunque seguirá en un rango alto. La pérdida del poder adquisitivo y una situación complicada en la industria frigorífica, donde en muchos casos las empresas pagaron por valores que luego no pudieron trasladar al producto final, actuarían como freno a los valores.

El Ripte es un indicador, según la información oficial disponible sobre el tema, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses en el sector público y el privado. Según se indicó, la publicación se lleva adelante hasta 45 días de finalizado el período correspondiente.

Otra empresa láctea está en crisis. Se trata de Sudamericana de Lácteos, dueña de marcas como Premio, SyS, Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca. Basada en la localidad de Díaz, en Santa Fe, la empresa arrastra dificultades financieras desde mediados del año pasado y, de no conseguir un inversor que aporte capital, podría convertirse en una cooperativa a cargo de los 80 trabajadores de la planta.

El caso de Sudamericana se suma al de otras empresas del sector, como Verónica, ARSA o La Suipachense, en un contexto provincial en el que la industria láctea tuvo una caída productiva del 10,3% solo en enero de 2026, según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

La empresa está ubicada en el departamento San Jerónimo, en la localidad de Díaz, donde viven unos 2.000 habitantes. Según el intendente de la comuna, Juan José González, la planta mantiene tres meses de salarios impagos y una importante deuda con los productores lácteos de la zona.

De acuerdo con información del Banco Central, la firma también registra una deuda financiera y, aunque llegó a acumular 36 cheques rechazados por casi $189 millones, luego cubrió más del 90% de los pagos. Sin embargo, en febrero de 2026 se rechazaron al menos tres cheques por un total de $12 millones, todos por falta de fondos.

En una entrevista con la emisora local LT9, el funcionario aseguró haber mantenido una reunión con los propietarios actuales de la planta, instalados en Villa María, Córdoba. “Los directivos reconocieron problemas en la transición de la compra, que derivaron en la cesación de pagos a empleados y tamberos”, dijo González.